Lafuente respalda al Conec en conflicto con Víctor Ríos

La ministra de Educación, Marta Lafuente, salió en respaldo del Consejo Nacional de Educación y Cultura (Conec) en el marco del conflicto con el diputado liberal Víctor Ríos por la intervención de la Universidad del Pilar. A un “pedido de informe” del legislador, el MEC envió 7.000 folios.

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El Conec resolvió intervenir la Universidad Nacional de Pilar, donde el diputado liberal Víctor Ríos es rector, a raíz de numerosas denuncias acerca de supuestas irregularidades. El legislador sostuvo que actualmente se encuentra con permiso en el ente y atribuyó la intervención a un conflicto con la senadora colorada Blanca Ovelar, exministra de Educación.

En represalia, mediante la diputada Karina Rodríguez (AP), Ríos presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución por el cual se pedía informe sobre los últimos cinco años de gestión del Conec, entidad cuyos exponentes son connotados intelectuales, como por ejemplo el padre Jesús Montero Tirado. Los diputados también pidieron un informe similar sobre el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), que también investiga y cuestiona la calidad administrativa y educativa la citada universidad.

En el mismo contexto, tras la aprobación del juicio político contra ministros de la Corte, Ríos también denunció que en supuesta represalia a su voto en disidencia, el Cones intervino su universidad.

Respuesta

Pero el pedido de informe al Conec fue respondido por la propia ministra de Educación, Marta Lafuente. La titular de la cartera educativa remitió a la Cámara de Diputados un total de 7.000 documentos reunidos en ocho cajas. El pedido de informe había sido firmado por el presidente de la Cámara Baja, el colorado Hugo Velázquez. En ese sentido, aclaró a Velázquez que la Cámara cayó en un error al señalar que Montero Tirado era el titular del Conec, ya que dicho cargo es ejercido por el titular de la Cartera de Educación en funciones.

Numerosas irregularidades son atribuidas a la gestión de Víctor Ríos. Entre ellas, una auditoría de la Contraloría a la Universidad Nacional de Pilar constató desconocimiento de facultades auditadas de la ejecución del presupuesto de ingresos y falta total de control interno. El rectorado, a cargo del diputado Ríos, había transferido a varias facultades más de 2.000 millones de guaraníes en un casi absoluto descontrol financiero.

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