La soberanía paraguaya no está en peligro con Victoria

PUERTO CASADO, Alto Paraguay. La jerarquía católica y políticos del Alto Paraguay hablan de soberanía para justificar el pedido de expropiación de tierras de Victoria SA. En boca de estas personas, el uso de la palabra soberanía no pasa de una expresión populista. La soberanía paraguaya no está en peligro con la presencia los inversores coreanos en Puerto Casado. Al contrario, puede ser un freno a la expansión ganadera brasileña.

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El pedido de expropiación de las tierras de Victoria SA, en el distrito de Puerto Casado, departamento de Alto Paraguay, tiene como uno de sus fundamentos "recuperar la soberanía paraguaya" en esa región del país.

La palabra "recuperar" indica que la nación paraguaya ha perdido parte del poder soberano de administrar en forma independiente una parte de su territorio.

Esto no ha sucedido en Puerto Casado. La presencia de una empresa inversionista coreana no significa la pérdida de la soberanía paraguaya ni existe ninguna duda de que el ejercicio de la soberanía en esa región del país sigue siendo potestad del Estado paraguayo.

La mejor prueba de que no se ha perdido la soberanía es el actual pedido de expropiación de las tierras de Victoria. La Cámara de Senadores tiene en estudio, en la comisión de Reforma Agraria, la solicitud de desafectación de 158 mil hectáreas de tierra. Los senadores tienen la potestad soberana de decidir el destino de esas tierras.

Si el Estado paraguayo hubiera perdido soberanía, como sostienen políticos y sacerdotes católicos que apoyan la expropiación, jamás se estudiaría un pedido de tal magnitud.

¿Qué se entiende por soberanía? sería el cuestionamiento lógico, pero en realidad la pregunta de fondo es ¿qué se hace con la soberanía? En el caso que nos ocupa, la palabra soberanía no pasa de ser un justificativo afectivo, que busca una reacción emotiva en la opinión pública y los legisladores que estudian el pedido de expropiación.

Políticos del Alto Paraguay y sacerdotes católicos buscan cerrar filas en torno a la "recuperación de la soberanía", a sabiendas de que se tendrá una reacción instintiva ante la posibilidad de perder el país. A través del instinto de supervivencia buscan borrar toda posibilidad de análisis racional del proyecto de expropiación.

Nada menos que monseñor Oscar Páez Garcete, en oportunidad de un debate realizado en la sala de sesiones del Congreso, el pasado miércoles 20 de abril, sostuvo que las tierras de Paraguay deben ser ocupadas por paraguayos. Con estas palabras desconoce el rico aporte cultural, económico y social de ciudadanos de otros países que se han radicado en el nuestro.

En esa oportunidad, todas las exposiciones en favor de la expropiación pusieron énfasis en que las inversiones extranjeras, en general, ponen en peligro el país. En el caso de la inversión coreana ya se trata de una especie de satanización, como si tuviera alguna responsabilidad en los males estructurales que afectan el Alto Paraguay.

La jerarquía católica, radio Pa’i Puku y radio Quebracho Poty han emprendido una feroz cruzada contra Victoria, empresa perteneciente a la secta Moon. El mismo entusiasmo, la misma pasión, se tendría que poner para denunciar la destrucción del Alto Paraguay por la tala indiscriminada de bosques emprendida por ganaderos del Brasil.

Este es el peligro real inmediato que puede llevar a la destrucción un ecosistema tan frágil, como el ambiente chaqueño, pero no dicen una palabra. Guardan toda la artillería para una empresa que tiene como inversión actual la creación de una reserva ecológica de 250 mil hectáreas y que está generando hoy día 550 puestos laborales, en una ciudad donde no existe otra oportunidad para trabajar.

La palabra soberanía en la voz de la jerarquía católica y los políticos del Alto Paraguay suena hueca. Está vacía de patriotismo. Soberanía es una mera excusa para ocultar las verdaderas intenciones del pedido de expropiación. La Iglesia Católica libra una cruzada particular contra la secta Moon y los políticos del Alto Paraguay buscan acceder a tierra gratis para montar sus estancias. El Estado paraguayo se verá obligado a pagar una indemnización a los inversionistas coreanos y asumirá una tremenda carga social, porque el ciudadano común de Puerto Casado no está en condiciones de utilizar la tierra que se pretende entregarle como un bien.

Tenemos la experiencia negativa de la expropiación de las tierras de Antebi. Se utilizaron exactamente los mismos argumentos. Y el resultado será exactamente igual: el Estado pagará indemnización y los brasileños ingresarán en la tierra expropiada, con el dinero de los contribuyentes paraguayos.

En realidad, la presencia de Victoria SA es un beneficio para la soberanía paraguaya. Las inversiones de los coreanos permitirán que la gente no abandone la región y sus proyectos pueden ser un freno a la frenética expansión ganadera del Brasil en nuestro territorio.

Es cuestión de inteligencia.


PROXIMA NOTA: Presencia del Estado.
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