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Por la importancia del contenido de dicha carta, transcribimos a continuación textualmente la misma:
"Honorable Magistrado Núñez:
En nombre de las más de 1.300 publicaciones escritas del hemisferio occidental que forman parte de la Sociedad Interamericana de Prensa, nos permitimos expresarle nuestra preocupación ante la posibilidad de que se violenten principios de la libertad de prensa y de expresión, en caso de que se ratifique una sentencia contra el director del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo, por el supuesto delito de difamación.
El periodista fue condenado en primera instancia tras una querella presentada por un ex funcionario de gobierno, quien se sintió agraviado por una publicación sobre manejos irregulares en el Banco Nacional de Trabajadores. Un tribunal de apelación modificó el fallo de primera instancia y dejó sin efecto la multa y la compensación, aunque calificó el caso como difamación.
Durante nuestra asamblea general realizada en Antigua, Guatemala, a finales de octubre, se plasmó este caso en el informe del Paraguay considerando que de mantenerse en firme la condena se crearía un nefasto antecedente contra la libertad de prensa, ya que eventualmente se estaría creando un escudo especial para los administradores públicos, que por la naturaleza misma de su función, son quienes deben ser más anuentes al escrutinio público y a la crítica abierta, en beneficio de los bienes sociales que custodian.
Nuestra asamblea se vio engalanada por recientes fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que crean importantes antecedentes jurídicos internacionales sobre libertad de prensa, que merecieron una resolución de parte de la SIP. Entre ellos, se destaca la sentencia sobre un caso de un periodista costarricense, Mauricio Herrera, quien había sido condenado por la Corte Suprema de su país ante una demanda por difamación presentada por un funcionario público.
La Corte Interamericana en su fallo a favor de Herrera reiteró la importancia de la prensa independiente para la democracia y destacó que quienes influyen en asuntos de interés público deben tolerar un grado mayor de escrutinio y crítica, mientras que el voto concurrente del Presidente de ese alto órgano judicial se pronunció en contra de la criminalización de las faltas derivadas del ejercicio de la libertad de expresión. Con anterioridad tanto la Corte como la Comisión homónima adoptaron estándares jurídicos como la real malicia, para que sean los funcionarios quienes deben demostrar la falsedad de los señalamientos hechos por los periodistas en su contra.
Honorable Magistrado Núñez, hacemos votos para que en el Paraguay se preserven principios constitucionales sobre libertad de prensa y de expresión, evitándose fallos que pudieran tener un efecto inhibitorio sobre asuntos de interés público, lo que acarrearía consecuencias irreparables para el derecho del público a la información", concluye la carta, que está firmada por el presidente de la SIP, Alejandro Miró Quesada Cisneros, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gonzalo Marroquín.
"Honorable Magistrado Núñez:
En nombre de las más de 1.300 publicaciones escritas del hemisferio occidental que forman parte de la Sociedad Interamericana de Prensa, nos permitimos expresarle nuestra preocupación ante la posibilidad de que se violenten principios de la libertad de prensa y de expresión, en caso de que se ratifique una sentencia contra el director del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo, por el supuesto delito de difamación.
El periodista fue condenado en primera instancia tras una querella presentada por un ex funcionario de gobierno, quien se sintió agraviado por una publicación sobre manejos irregulares en el Banco Nacional de Trabajadores. Un tribunal de apelación modificó el fallo de primera instancia y dejó sin efecto la multa y la compensación, aunque calificó el caso como difamación.
Durante nuestra asamblea general realizada en Antigua, Guatemala, a finales de octubre, se plasmó este caso en el informe del Paraguay considerando que de mantenerse en firme la condena se crearía un nefasto antecedente contra la libertad de prensa, ya que eventualmente se estaría creando un escudo especial para los administradores públicos, que por la naturaleza misma de su función, son quienes deben ser más anuentes al escrutinio público y a la crítica abierta, en beneficio de los bienes sociales que custodian.
Nuestra asamblea se vio engalanada por recientes fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que crean importantes antecedentes jurídicos internacionales sobre libertad de prensa, que merecieron una resolución de parte de la SIP. Entre ellos, se destaca la sentencia sobre un caso de un periodista costarricense, Mauricio Herrera, quien había sido condenado por la Corte Suprema de su país ante una demanda por difamación presentada por un funcionario público.
La Corte Interamericana en su fallo a favor de Herrera reiteró la importancia de la prensa independiente para la democracia y destacó que quienes influyen en asuntos de interés público deben tolerar un grado mayor de escrutinio y crítica, mientras que el voto concurrente del Presidente de ese alto órgano judicial se pronunció en contra de la criminalización de las faltas derivadas del ejercicio de la libertad de expresión. Con anterioridad tanto la Corte como la Comisión homónima adoptaron estándares jurídicos como la real malicia, para que sean los funcionarios quienes deben demostrar la falsedad de los señalamientos hechos por los periodistas en su contra.
Honorable Magistrado Núñez, hacemos votos para que en el Paraguay se preserven principios constitucionales sobre libertad de prensa y de expresión, evitándose fallos que pudieran tener un efecto inhibitorio sobre asuntos de interés público, lo que acarrearía consecuencias irreparables para el derecho del público a la información", concluye la carta, que está firmada por el presidente de la SIP, Alejandro Miró Quesada Cisneros, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gonzalo Marroquín.