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La fiscala es la única que imputó a un jefe policial, debido a que encontró indicios de que el comisario Tomás Paredes Palma, subjefe de Investigación de Delitos de la Policía, cometió el hecho punible de inducción a un subordinado a cometer hecho punible, cuando se atracó un sanitario ubicado en el sector del estacionamiento del PLRA.
Paredes recusó a Ledesma luego de que lo imputara, pero la agente fue confirmada tanto por la Fiscalía General del Estado como por la Sala Penal de la Corte.
Sin embargo, de forma sugestiva no integró el equipo de fiscales que nombró el fiscal general, Javier Díaz Verón. Fueron designados la titular de la causa, Raquel Fernández, y sus colegas Aldo Cantero, Yolanda Portillo y Hernán Galeano.
El proceso contra Paredes Palma y el oficial inspector Guido Amarilla (quien realizó disparos a quemarropa de balines de goma) está estancado en la Cámara.
Incautó los audios
Otra diligencia que hizo la fiscala Lorena Ledesma fue incautar los audios de la frecuencia radial de la Policía Nacional, ante la resistencia de enviar la evidencias tras pedidos por escrito.
La semana pasada se supo que los audios fueron borrados en sede policial, y esto fue posible porque el Laboratorio Forense del Ministerio Público alegó que no podía realizar la extracción de una copia de seguridad (backup), a tiempo.
De esta forma se dejó manejar la evidencia que podían revelar las órdenes a la propia policía.
Según el abogado querellante Guillermo Duarte, hay fuertes sospechas de que 131 audios fueron borrados en 40 minutos previos, durante y luego del ataque a la sede del PLRA, donde fue asesinado Rodrigo Quintana. Las comunicaciones durante los disturbios fueron incesantes, hasta que ocurrió el asesinato del dirigente.