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El pasado 27 de agosto las autoridades que asumieron la administración de la Procuraduría General de la República remitieron un memorando a la Dirección General de Contrataciones Públicas.
En el documento, firmado por el nuevo procurador, Abog. Roberto Moreno Rodríguez, se solicita un análisis del acuerdo con la familia Arza Huerta por la compra de ocho hectáreas ubicadas, supuestamente, dentro del predio de la Fuerza Aérea Paraguaya.
El anterior procurador, Abog. Pedro Valiente Lara, estableció un acuerdo conciliatorio con Mauri y María Carmen Arza Huerta.
Según el convenio, el Estado debe pagar 10 millones de dólares a la familia Arza Huerta por la compra de 8 hectáreas.
El texto remitido a la Dirección de Contrataciones expresa: “En fecha 20 del mes de febrero de 2013, el anterior Procurador General ha celebrado un acuerdo conciliatorio con los señores Mauri Arza Huerta y María Carmen Arza Huerta por la que se establece la compraventa de la finca Nº 41.470 padrón 3997, del distrito de Luque”.
Agrega la nota lo siguiente: “En efecto, tal y como se desprende de la cláusula primera del citado contrato, se establece el monto a ser abonado en único pago por el Estado paraguayo la suma de G. 45.675.000.000 que deberá ser pagado dentro de los 120 días a partir de la firma del mismo contrato”.
Sigue diciendo que “remitimos copia del citado contrato con el fin de que la institución a su cargo analice las circunstancias que envuelven al mismo; principalmente, el objetivo primario es determinar la existencia de irregularidades”.
Preocupación
Roberto Moreno Rodríguez, nuevo procurador, reconoció la preocupación que causa en el seno del gobierno el contrato que establece la obligación de pago del equivalente a 10 millones de dólares.
Mencionó que al asumir la Procuraduría General el convenio firmado por su antecesor en el cargo, Pedro Valiente Lara, fue el primero en llamar la atención por las condiciones leoninas impuestas al Estado.
Reconoció que el equipo de abogados está estudiando tanto el acuerdo como los antecedentes: “Si hay irregularidades, vamos a hacer lo imposible para romper el contrato con los Arza Huerta”, dijo.
Tierras que no existen
Pedro Valiente Lara ocupó el cargo de procurador general de la República bajo la presidencia del Dr. Federico Franco, como parte del cupo político del senador Miguel Abdón Saguier.
El senador Miguel “Tito” Saguier es un político íntimamente ligado a la familia Arza Huerta.
Y el procurador impuesto por el político liberal es quien firma el documento que pretende beneficiar a los Arza Huerta con 10 millones de dólares.
Una persona clave en este esquema es Silvino Delvalle, quien siendo juez admitió la demanda de reivindicación y restitución iniciada por la familia en cuestión.
En mayo de 2011, miembros de la familia, apoyados por el entonces senador Alfredo Jaeggli, atropellaron la guardia de la Fuerza Aérea Paraguaya e intentaron ingresar para tomar posesión de la tierra que consideran suya.
El juicio de reivindicación y restitución se convirtió en acuerdo de compraventa.
La familia Arza Huerta insiste en que sus padres fueron desalojados por la fuerza y reclaman 10 millones de dólares.
El problema es que los dictámenes técnicos del Indert, Dirección de Catastro y Dirección de Geodesia del MOPC coinciden en señalar que la tierra que reclaman no está dentro del predio de la Fuerza Aérea.
roque@abc.com.py