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El proyecto de ley, que el presidente Franco remitiera al Congreso un día antes de dejar la Presidencia, y luego sancionada por el Congreso, pretendía que la Policía dependiera directamente del Ejecutivo, con lo que viola el Art. 175 de la Constitución que “expresa claramente que dependerá del órgano (Ministerio del Interior) del Poder Ejecutivo”, fundamenta el decreto de Cartes.
El documento agrega que el proyecto también viola los artículos 129, 172 y 173 de la Carta Magna al facultar a la Policía a “formar reservas para la Defensa Nacional”. Esta es una función de carácter militar, por lo tanto de exclusiva competencia de las FF.AA., y la Ley 216/93 “de Organización General de las FF.AA”, en su Art. 7, inciso C, dispone que la institución castrense administrará la reserva a través del Servicio Militar Obligatorio (Ley 569/75), dice el veto.
La objeción del Ejecutivo además se da porque el proyecto al no tener “la precisión necesaria” en cuanto a las atribuciones de “la agrupación fluvial policial” puede superponer funciones de la Prefectura Naval que “tiene a su cargo la seguridad y el servicio de policía fluvial de los puertos, ríos, riachos, canales, lagos, lagunas, islas y playas, y aquellas áreas adyacentes”. Estas atribuciones de la Prefectura están consagradas en varias convenciones internacionales, como el Tratado Internacional Mundial sobre navegación por aguas, Organización Marítima Internacional (OMI), señala el decreto.