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En las obras verificadas por la Contraloría General de la República en instituciones educativas que se encararon con recursos del Fonacide, se observaron numerosas irregularidades, tales como incumplimiento de las especificaciones técnicas, mayor cantidad de obras certificadas con relación a las ejecutadas, certificación de rubros en cantidades mayores que las ejecutadas, modificación de rubros sin mediar una justificación técnica y económica, falta de coordinación entre el MEC y los municipios para la fiscalización de las obras e incumplimiento del plazo contractual, entre otros.
En el caso de la Municipalidad de Lambaré, cuyo intendente es Roberto Cárdenas (ANR), el informe de Contraloría señala que esta Comuna realizó obras por un total de G. 2.832.417.600, de cuyo monto fueron verificadas obras realizadas por G. 1.527.279.600.
La verificación arrojó una diferencia de G. 77.070.000, por lo que el informe de Contraloría recomendó proceder al llenado del formulario de indicios de hechos punibles contra el patrimonio y la pertinencia de la elevación de la denuncia al Ministerio Público para profundizar la investigación correspondiente a fin de determinar responsabilidades.
Además de la Municipalidad de Lambaré, también fueron incluidas como indicios de hechos punibles las municipalidades de J. A. Saldívar, Limpio, Luque, Nueva Italia y Areguá.