La mafia empotrada en el poder consigue remoción de Nissen

El fiscal Alejandro Nissen fue destituido sorpresivamente, ayer a la mañana, por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que realizó una reunión extraordinaria con el solo objetivo de dejar cesante al representante del Ministerio Público. La sesión de la víspera fue convocada de urgencia por el Dr. Marcelino Gauto Bejarano. La ‘‘rosca’’ mafiosa que opera en las esferas del poder consiguió remover a Nissen, quien indagaba a altos exponentes de la política y del gobierno por graves hechos de corrupción.

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El pasado viernes, tras difundirse en este diario que el fiscal Nissen investigaba la presunta ilegalidad de un automóvil Mercedes Benz, rojo, con placa AEG 970, perteneciente a Oscar González Daher y que inclusive contaba con documentos remitidos por una conocida firma que confirmaba que el rodado era ‘‘mau’’, el vicepresidente del Jurado, Marcelino Gauto, convocó a una reunión de urgencia para ayer a la mañana.

La sesión fue presidida por Gauto Bejarano (representante del Consejo de la Magistratura), en ausencia del presidente González Daher, y estuvieron presentes los senadores Francisco de Vargas, Esteban Samaniego Alemán (quien reemplazó a su colega Luis Talavera Alegre, que se inhibió), el diputado Luis Mendoza, Luis Caballero Krauer (representante del Poder Ejecutivo) y el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes.

Al igual que González Daher, estuvo ausente el ministro de la Corte Wildo Rienzi.

La notificación de la destitución llegó a manos de Nissen a las 9:40, cuando se tenía la información de que la anunciada remoción se iba a resolver en la habitual sesión ordinaria de los días martes en horas de la tarde.

El objetivo, al parecer, fue sacar de circulación a Nissen antes de que presentara imputación contra González Daher. Sin embargo, 10 minutos antes de recibir la notificación, el referido fiscal presentó una imputación en contra de Oscar González Daher por la tenencia de un vehículo ‘‘mau’’.

El juicio contra Nissen se inició luego de que el 12 de marzo del pasado año, el procesado Cristhian Paolo Ortiz, representado por el abogado Secundino Méndez, presentó una denuncia en contra del representante del Ministerio Público por mal desempeño en sus funciones.

Ortiz fue imputado por Nissen por reducción en el caso en el que también estaba procesado Luis Andrés Argaña (hijo del ex vicepresidente Luis María Argaña), así como en la causa en que se investiga el Mercedes Benz de la Primera Dama, Susana Galli de González Macchi.

A partir de ese momento, el Jurado rechazó todas las peticiones de Nissen, como la reposición a la apertura del proceso y la recusación a los miembros por manifiesta parcialidad.

El Jurado también rechazó un incidente de nulidad presentado por uno de sus miembros, el senador Luis Talavera Alegre, quien alegó que la apertura del proceso debía ser dictada por el pleno y no solo por el presidente, como ocurrió.


¿MILES DE DÓLARES POR LA RESOLUCIÓN?

En los pasillos de la fiscalía corrieron rumores en la víspera de que un cargamento de 35 mil kilos de artículos de contrabando que fue retenido por Alejandro Nissen el pasado febrero, en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, fue liberado mediante una coima que habría ido a parar en las manos de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para sacar del medio al fiscal Alejandro Nissen.

Las fuentes del Ministerio Público refirieron que un monto aproximado a los US$ 90.000 habrían recibido los miembros del referido organismo encargado de juzgar a los magistrados.

Sin embargo, en el Parlamento se manejaba una cifra más aun alta, la suma de US$ 200.000, que también tenía el mismo objetivo.

Lo cierto es que el cargamento que fue retenido por Nissen derivó en una imputación al director general de Aduanas, Inocencio Fretes Morán, y al administrador de ese organismo en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, Alberto Tiozzo.

Nissen fue apartado de esa causa por resolución del fiscal general adjunto, Humberto Insfrán, segundo de Oscar Latorre, por considerar que no era de su competencia.

La fiscalía general asignó el caso al fiscal César Alfonso, perteneciente a la unidad que investiga el contrabando y lavado de dinero. A partir de ese momento, ya no se conoció de un avance en esa investigación.
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