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–¿Qué opina sobre la nueva Ley de Acceso a la Información Pública que se aprobó en Paraguay?
–Hay que celebrar que Paraguay se sume a los países que han aprobado leyes de acceso a la información pública. En América Latina hay más de 15 países que tienen leyes y que además las han construido a partir de una serie de estándares que el propio sistema interamericano de derechos humanos y la Relatoría han venido construyendo en los últimos 10 o 15 años.
La ley que se aprobó en Paraguay cumple con todos los estándares, por lo tanto creo que es una herramienta efectiva de protección del derecho de todas las personas a acceder a información del poder del Estado, incluso con una serie de garantías adicionales que no encontramos de pronto en todas las leyes.
–¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la libertad de expresión en la región actualmente?
–La situación de libertad de expresión no es homogénea en toda la región. Si pudiéramos agruparlos en torno a algunos temas que nos preocupan, claramente la violencia contra periodistas y la muerte de periodistas y la existencia de zonas silenciadas en la región es un punto preocupante.
Mientras que haya persecución contra aquellas personas que ejercen el derecho a expresarse, a manifestar, a informar, a opinar sobre temas de interés público tenemos que estar realmente preocupados, sobre todo en situaciones de crimen organizado.
Luego el hecho de que subsistan en la región zonas que permiten la utilización del derecho penal para juzgar el conflicto de la libertad de expresión y otros derechos y se criminalice a los comunicadores y a los defensores de derechos humanos, también se mantiene como una preocupación en algunos de los Estados.
Hay una discusión en la región sobre el tema de la concentración de medios, de la diversidad y el pluralismo y es notorio que algunos países no han todavía abordado esta discusión y otros países han aprobado leyes de servicio de comunicación audiovisual. En algunos países se las denomina leyes de medios.
Hay que evaluar estas políticas, si en algunos casos sirven para cumplir el objetivo de tener un sistema de medios de comunicación diversos y más plurales o en otros casos las disposiciones de estas leyes han sido utilizadas para restringir la libertad de expresión. Ahí hay que ser cuidadosos.
–¿Cómo se podría prevenir que estas leyes no se utilicen para menoscabar la libertad de expresión?
–Ahí la Relatoría tiene por delante un trabajo y un desafío importante. Si bien hay algunos informes, estándares de la propia Relatoría sobre como tener un sistema diverso y plural de radiodifusión, me parece que hay que profundizar esos estudios y generar estándares y guías para que esas leyes cumplan su objetivo y no se transformen en herramientas para hostigar y perseguir a los periodistas o a los medios de comunicación. La región no puede dejar de abordar el tema de la concentración de medios, porque los monopolios y los oligopolios de medios de comunicación conspiran contra la democracia.
Por otra parte, hay muchos actores que han denunciado que tienen problemas para acceder a los medios en distintos países. Por ejemplo, pueblos indígenas o radios comunitarias que en muchos casos no cuentan con una regulación que las reconozca y les permita desarrollarse y tener un espacio equilibrado en el espectro.
El nuevo relator
Desde el 6 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), tendrá un nuevo relator especial para la Libertad de Expresión. Edison Lanza, periodista, abogado y activista uruguayo, fue elegido después de un largo proceso que comenzó en diciembre del año pasado y al que se presentaron 49 postulantes. Es designado por un período de tres años, en reemplazo de Catalina Botero. Lanza, periodista para varios medios de prensa uruguayos, también se desempeñó como abogado del sindicato de periodistas de Uruguay y como consultor en cuestiones de libertad de expresión para organizaciones internacionales.
mayra.rivarola@abc.com.py