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WASHINGTON (EFE).El Departamento de Estado de EE.UU. está preocupado por los abusos policiales y la impunidad judicial que a su juicio persisten en el Cono Sur, según su informe anual sobre derechos humanos en el mundo en 2013.
El documento indica que en Paraguay la impunidad es la situación “predominante”, mientras que en Argentina y Chile se dieron algunos casos y únicamente en Uruguay no hubo denuncias ni por impunidad ni por abusos, pero sí por la discriminación a los indígenas y la violencia machista, retos comunes en la región.
Estados Unidos apunta a la impunidad en el sector judicial como el mayor agravio contra los derechos humanos en Paraguay, junto con la implicancia de la Policía en actividades criminales, incluidos asesinatos y las “duras” condiciones de prisión que en ocasiones ponen en peligro la vida de los convictos.
“Prevalece la impunidad para los agentes de los cuerpos de seguridad y el Gobierno, pese a que el Ejecutivo tomó medidas para perseguir y castigar judicialmente a los oficiales que violaron los derechos humanos”, apunta el informe.
También pone el acento en el asesinato e intimidación de periodistas por parte de los grupos del crimen organizado, la corrupción, la discriminación y violencia en la sociedad contra las mujeres y los indígenas, los discapacitados, los colectivos LGTB y el tráfico de personas.
Los “retrasos” de los juicios que provocan “largas” detenciones previas preocupan a Estados Unidos, al igual que el trabajo infantil y las violaciones de los derechos de los trabajadores, que ocurren” con frecuencia”, según el informe.
La prensa en riesgo
Sobre Argentina, el informe señala que los principales problemas son la “tortura” por parte de las policías provinciales, las “duras” condiciones en prisión y la violencia de género.
Asimismo, el Departamento de Estado menciona las acciones que “ponen en riesgo” la libertad de prensa, la “ineficiencia” judicial, la corrupción oficial, la “continua discriminación” de los indígenas y las infracciones a sus derechos.
El informe destaca que en Uruguay las fuerzas de seguridad no cometieron abusos contra los derechos humanos en 2013 ni tampoco hubo noticias de casos de impunidad, por lo que su principal problema es la aglomeración de presos.