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“No estamos pudiendo entrar desde el año 2013 en la Municipalidad de Ciudad del Este”, se ratificó ayer el contralor general de la República, Enrique García, al ser entrevistado en ABC Cardinal. Salió así al paso del comunicado de la Corte Suprema, cuyas autoridades ahora niegan haber blindado del control con acciones de inconstitucionalidad a la comuna administrada por Sandra McLeod (ANR, cartista), cuya gestión podría ser intervenida por Diputados.
García, quien sigue imputado y con juicio político pendiente, señaló que aunque la Corte diga que las funciones de la Contraloría y el Tribunal de Cuentas no se contraponen, en la práctica el segundo recibe el pedido de juzgamiento de los municipios omitiendo requerir la constancia del informe previo de Contraloría. “Materialmente, ocurre lo que nos ocurrió en Ciudad del Este y en otros lugares”, señaló.
A modo de ejemplo, dijo que los administradores, aunque les permiten “ingresar”, les dicen que no pueden ser auditados porque los papeles fueron enviados al Tribunal de Cuentas.
“Vamos al Tribunal de Cuentas y le decimos: ‘Queremos mirar esos papeles. El dictamen del juez de cuenta nos dice: ‘Ustedes no pueden venir acá porque no son parte”, explicó el contralor.
Ante esta situación, anunció que intentarán un nuevo diálogo con las autoridades de la Corte y el Tribunal de Cuentas para tratar de encontrar una salida. Recordó que unas 156 entidades, municipios, gobernaciones, entes públicos y militares, tienen o impulsan acciones de inconstitucionalidad para eludir las auditorías de la Contraloría.
No obstante, aclaró que la imposibilidad de remitir a Diputados un dictamen sobre Ciudad del Este no es un obstáculo a la intervención de la Comuna. Explicó que la Constitución avala tres causales y ya se cumplió la del pedido de la Junta.
Entre las entidades que judicializaron el control están la propia Cámara de Diputados, durante la presidencia del actual senador imputado Víctor Bogado (ANR). Así también, el Ministerio Público, en la gestión de Javier Díaz Verón, actualmente preso.
Sobre el metrobús, el contralor ratificó el dictamen previo en que se constatan pagos irregulares a la empresa Mota Engil por las obras inconclusas.