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La gremialista Kattya González presentó la denuncia ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía, donde se indagan varios casos de planillerismo en entes públicos.
La Coordinadora de Abogados pide que se indague a María José Torres Ferreira y Valeria Eliana Torres Espínola, por la supuesta comisión de cobro indebido de honorarios y tráfico de influencias. Solicita también que el mismo ministro de la Corte Raúl Torres Kirmser sea citado a declarar en torno al caso. Este, “como integrante de la máxima instancia judicial, debe rendir cuentas de los privilegios de sus hijas en el Poder Judicial”, refiere el escrito penal entregado.
Agrega: “Asimismo, solicitamos a la Fiscalía que no descarte la implicancia en grado de complicidad del citado operador de justicia en los hechos denunciados”.
Kattya explica que a través de una publicación de ABC Color de fecha de ayer, el gremio que preside tuvo conocimiento del hecho de que María José y Valeria Eliana cobran salarios de G. 9.000.000 y G. 7.300.000, respectivamente, en el Poder Judicial, sin presentarse a sus lugares de trabajo con regularidad. En el caso de Valeria, la misma empezó a marcar sus horarios hace solo 2 meses, cuando saltaron otros casos de planillerismo en la función pública.
“Nos duele como abogados que la Corte Suprema de Justicia no sepa dar una lectura de lo que demanda la sociedad en estos tiempos. Es un secreto a voces que existe un grupo de funcionarios judiciales ligados a ministros de la Corte y políticos que gozan de privilegios espurios en el Poder Judicial, que no trabajan y cobran jugosos salarios del Estado”, dijo, por su parte, Esther Roa, abogada y secretaria del citado gremio que también patrocinó la denuncia.
Pucheta ordena sumario
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia Alicia Pucheta ordenó ayer la investigación de las hijas del ministro Raúl Torres Kirmser. Dispuso que la publicación de ABC Color, de fecha 12 de mayo, sea remitida a la Oficina de Quejas y Denuncias, para su registro y posterior derivación a la Oficina Disciplinaria de la Superintendencia General de Justicia, a los efectos de iniciar la pesquisa preliminar.