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El TSJE, cuyo presidente es Jaime Bestard (ANR), justificó que los funcionarios públicos pagados con el dinero de los contribuyentes sean comisionados a las instalaciones de los partidos políticos, donde en su mayoría no acuden a trabajar, no tienen control de asistencia o cumplen funciones totalmente ajenas a los intereses de la entidad.
¿Ocultados?
Según informes oficiales, de enero a febrero el TSJE incrementó de 10 a 32 el número de funcionarios comisionados a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), lo que suma más de G. 84 millones al mes en sueldos (ver el cuadro adjunto).
Según versiones, estos comisionados llevan meses en el sitio, pero la Justicia Electoral ocultaba sus nombres. La encargada de conseguir estos contratos es Mirtha Vergara de Franco, esposa del senador liberal Julio César “Yoyito” Franco y vicepresidenta del Consejo del Registro Electoral.
María Romero, lejos de tener funciones relacionadas con el TSJE, sería limpiadora del PLRA y habría accedido al cupo solo por ser cuñada del dirigente condenado Julio Acevedo.
Deysi Johana Domínguez, telefonista del PLRA, hija de Flaminio Domínguez; Lorena Pintos, recomendada del senador Julio César Franco; mientras que Jorge Luis Villalba, quien se lleva el sueldo más alto, sería el encargado de la sección Informática.
Carlos Vicente Carduz y Salvador Sánchez serían porteros. Según fuentes, Juana Macedo es la encargada de marcar varias tarjetas de asistencia de otros planilleros.
Reubicación en ANR
Para enero último la ANR contaba con 65 “comisionados” del TSJE que, en la práctica, incluso ocupan cargos directivos en la Junta de Gobierno. El caso más irónico era de Carolina Mariel Hermosa, jefa de Recursos Humanos del Partido Colorado, quien recibe un sueldo de 5.502.400 de la Justicia Electoral.
Ante publicaciones periodísticas, el TSJE redujo a 56 la nómina de comisionados, reacomodando a varias personas en un “convenio de la Justicia Electoral con el Registro Civil de las Personas”, en registros electorales de Quyquyhó, Nueva Colombia, Caacupé y Mariano Roque Alonso y en las sedes distritales de los barrios Trinidad y San Roque de nuestra capital.
No hay control
Los comisionados son funcionarios públicos, pagados con el dinero del Tesoro nacional que aportan los contribuyentes.
Al ser enviados a “trabajar” a las instalaciones de los partidos políticos, no hay control sobre su desempeño. En su mayoría no acuden a sus puestos, no se les controla asistencia o cumplen funciones totalmente ajenas a los intereses de la entidad.
Para contrarrestar las críticas por este tipo de prácticas, Jaime Bestard, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), había anunciado el 8 de enero de este año, que ya no se utilizarían las planillas de asistencia y que los funcionarios comisionados también debían marcar en las respectivas instituciones a las cuales fueron asignados.