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Los abogados de Paraguay solicitaron la desestimación de la demanda contra nuestro país, por la deuda contraída por el argentino-uruguayo Gustavo Gramont Berres (cuyo nombre verdadero es Benjamín Levy Avzarradel) entre los años 1986 y 1987, durante la dictadura de Alfredo Stroessner.
El procurador general de la República, Roberto Moreno, explicó en su momento a nuestro diario que la magistrada informó que “iba a dictar sentencia, pero no dio plazo”. “En la presente etapa procesal se discutirá exclusivamente la cuestión de si Paraguay tiene o no inmunidad ante las cortes de Washington”, dijo. El procurador recordó que el Gobierno rechaza el “pago del fraude”.
La Sace aseguró la operación bancaria y le reclama US$ 95 millones al Paraguay desde agosto de 2015. Todo se originó porque Gramont falsificó documentos oficiales y obtuvo dos empréstitos del banco Overland Trust de Ginebra (Suiza) para instalar supuestamente en Paraguay dos plantas industriales, que nunca se concretaron.
Antes de desaparecer del sistema financiero, el Overland le vendió los títulos de la deuda a un sindicato de diez bancos internacionales que tras la caída de Stroessner (febrero de 1989) le reclamaron al Paraguay el pago de la primera cuota. Desde ese entonces, los sucesivos gobiernos paraguayos se negaron a pagar porque consideraron que la deuda es fraudulenta.
Tras la caída de la dictadura, Gramont fue condenado en nuestro país y luego extraditado a Suiza.