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Los funcionarios de la Dirección General de Control de los Recursos Sociales del Estado, de la Contraloría, habían solicitado al contralor Enrique García que les entregue los documentos laborales referentes a ellos mismos, comprendidos entre el 15 de abril y 15 de agosto de este año, así como el criterio legal y procedimiento para el cálculo de la cantidad de días libres otorgados en compensación por las horas extraordinarias de trabajo realizadas fuera del horario establecido, como también la Resolución N° 546/18 de la Contraloría.
El contralor hizo caso omiso a la solicitud de los funcionarios, que de esta manera se vieron obligados a recurrir a la justicia con base en el artículo 12 de la Ley 5282, “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. “Cabe destacar que la información no ha sido proporcionada, como tampoco respondida la nota bajo ningún formato dentro del plazo enmarcado en el artículo 16”, señalaron los recurrentes, quienes también hicieron referencia al artículo 28 de la Constitución Nacional que establece el derecho a informarse a través de la fuente pública de información, en este caso la Contraloría.
“La información obrante en la Contraloría General es de carácter oficial, ya que la misma, por motivos de organización y estructura, debe mantener la información de todo el personal a cargo de la institución”, puntualizaron los funcionarios que recurrieron al Poder Judicial.
El contralor general, por otro lado, hasta ahora se niega a entregar las declaraciones juradas de bienes de exaltos funcionarios de la República, pese a que le fue ordenada por un juez cuya decisión fue ratificada por la Cámara de Apelaciones. García recurrió a la Corte, que “cajonea” el expediente.
García también tiene pendiente un juicio político por comisión de delitos y mal desempeño de funciones que está “congelado” en la Cámara de Senadores. Además está imputado por el Ministerio Público por el uso de documento falso, cuando era asesor jurídico de la Comuna de Asunción.
El actual contralor usó el documento falso para hacer creer que presentó una apelación contra un fallo arbitral que condenó a la Comuna a pagar US$ 3,6 millones a la empresa Ivesur, en concepto de indemnización. Resoluciones judiciales, de dos cámaras de apelaciones, confirmaron que García nunca apeló la sentencia arbitral.