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‘‘Luego de un pormenorizado análisis del escrito de interposición de las diligencias preparatorias a las cuales me vengo refiriendo, de la insuficiente aclaración presentada en fecha 27 de junio del 2002 y de lo proveído por el juzgado en fecha 1 de julio del corriente, pongo de resalto que por una parte se ha sobrepasado la finalidad y la razón de ser del instituto procesal que se tramita y por otra se han omitido requisitos de admisión exigidos por nuestra legislación de forma’’, sostiene en una parte de su escrito el abogado Coll Rodríguez.
El letrado puntualizó que es bien sabido que las diligencias preparatorias son medidas previas al proceso que tiene por objeto asegurar la precisión de las pretensiones del actor, mediante el conocimiento de hechos o informaciones indispensables para que el proceso quede desde el inicio constituido regularmente.
‘‘En este caso es notorio que el futuro proceso puede desde ya quedar perfectamente constituido. Es de conocimiento público que Editorial Azeta S.A. es una persona jurídica, sociedad anónima, con todos los órganos propios de este tipo societario, que edita, distribuye y publica y vende el periódico ABC Color. Que tiene un reconocido patrimonio propio con el cual pretende responder a una hipotética demanda por daños y perjuicios’’, puntualizó Coll Rodríguez.
Refirió que en base a estos argumentos carecen de absoluta razón de ser las dos primeras preguntas del cuestionario fijado para la declaración de Zuccolillo.
De acuerdo al escrito presentado ayer, las diligencias preparatorias solicitadas en esta acción son muchas, no solo la declaración jurada de Zuccolillo, ‘‘con la cual aparentemente se pretende conocer si Editorial Azeta S.A. es la propietaria del Diario ABC Color’’. ‘‘Aún en propio cuestionario para quien fue citado a comparecer se encuentran las preguntas c) número de ejemplares que por día se imprimen; d) suministre la nómina de periodistas, reporteros y de todos los funcionarios..., de las cuales no se han especificado claramente el motivo por el cual se las formulan’’, añadió el letrado.
Coll Rodríguez también solicitó que se aclare el fundamento de las diligencias preparatorias que se pretenden obtener por vía del diligenciamiento de los oficios librados a la Dirección de la Propiedad Industrial, del Ministerio de Industria y Comercio, al Viceministro de Tributación del Ministerio de Hacienda, al periódico ABC Color y a Editorial Azeta S.A., ‘‘con el agravante de que estos informes podrían violar normas de rango constitucional que su SS, bien conoce’’.
INCONSTITUCIONAL PEDIDO DE LISTA DE PERIODISTAS
El abogado César Coll Rodríguez, en otra parte de su presentación de ayer, señaló que llama poderosamente la atención que el juez haya dado trámite a un pedido inconstitucional solicitado por Marcelino Gauto Bejarano, que es la petición de la nómina completa de los periodistas de ABC.
‘‘Es difícil entender los fundamentos que subyacen en la resolución que ordena al señor Aldo Zuccolillo a que informe o suministre la nómina de los periodistas, reporteros y de todos los funcionarios del diario de su dirección que participan en la redacción de cuanto se publica en el mismo’’, resaltó el letrado. Agregó que la Constitución Nacional y los diversos tratados internacionales sobre la materia reconocen de manera categórica e intransigible las libertades necesarias para que todo medio de prensa pueda cumplir con su función esencial, libre de presiones.
En la declaración de Chapultepec adoptada en la Conferencia Hemisférica sobre la libertad de expresión realizada en México, distrito Federal, llevada a cabo el 11 de marzo de 1994, la Sociedad Interamericana de Prensa declaró que las presiones coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de estas libertades no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo.
Coll apuntó que se reserva el derecho de presentar una inconstitucionalidad contra la resolución del juez.
EXIGEN COBRAR A ITAIPU MILLONARIOS HONORARIOS
Los abogados Marcelino Gauto Bejarano y Anastasio Argaña Contreras fueron contratados por Itaipú para defender sus intereses en la demanda que promovió Mundy y en la que reclamó un millonario reajuste por la provisión de almuerzos y bocaditos. Los letrados perdieron la demanda y ahora pretenden cobrar a la binacional más de G. 2 mil millones en concepto de honorarios solo por los ‘‘trabajos’’ realizados en primera instancia.
El juez Hugo Bécker estableció que Gauto Bejarano y Argaña tenían que percibir un poco más de G. 1.700 millones en concepto de honorarios. Sin embargo, los abogados apelaron la resolución y recurrieron al Tribunal para que aumente el monto.
Los dos letrados contratados por Itaipú habrían cumplido una deficiente labor en el proceso abierto por la demanda de Mundy. Entre otras cosas, elaboraron un ‘‘tibio’’ cuestionario que permitió que hasta el querellado perito Miguel Angel Lemir se burle de las preguntas que hicieron con respecto al caso.
Además, pese a que en la demanda se discutía un monto de G. 10 mil millones más los intereses, nunca pusieron a conocimiento de la ciudadanía el polémico juicio, en el que se registró un ‘‘fraude procesal’’, según el procurador general, Juan Carlos Barreiro Perrota.
SE HABRIA ORQUESTADO UNA ESTAFA
Existen numerosos indicios que hacen presumir que se pretende estafar a Itaipú con el millonario reajuste por la provisión de croquetas a la entidad. Aparece como el supuesto cabecilla de lo que sería toda una ‘‘rosca’’ el ingeniero Aníbal Sánchez Bejarano, ex apoderado de Mundy Recepciones, firma demandante.
Sánchez Bejarano, a través de los ‘‘contactos’’ dentro de la binacional, habría logrado que Mundy gane la licitación para el servicio de cocina y firmó así un pliego de bases y condiciones, donde aparece una polémica fórmula para aplicar el reajuste por las croquetas.
El primer año de contrato Itaipú pagó más de G. 3 mil millones a Sánchez Bejarano, quien no reclamó la forma en que Itaipú aplicó el reajuste. Es más, prolongó el contrato por otro año y solo a mitad de la prestación del segundo año de servicio cuestionó la fórmula para el adicional, preparando así el camino para la demanda.
Ya para la lucha judicial aparecen en escena el abogado Antonio Fernández Gadea, hermano del presidente de la Corte Carlos Fernández Gadea y el juez Arsenio Coronel, amigo de la familia. Este magistrado condenó a Itaipú a que le pague a Mundy un reajuste de G. 10 mil millones, además del 2,5% de interés por los meses atrasados que corren desde mayo de 1995.
La cuestionada sentencia de Coronel (que ya ascendió a miembro del Tribunal de Cuentas) fue ratificada por la Cámara integrada entonces por Fernando Barriocanal (presentó renuncia a la Corte alegando el bajo salario), Gerardo Báez Maiola y Oscar Paiva Valdovinos. Los fallos anteriores fueron ratificados por los ministros Luis Lezcano, Raúl Sapena y Bonifacio Ríos.
El letrado puntualizó que es bien sabido que las diligencias preparatorias son medidas previas al proceso que tiene por objeto asegurar la precisión de las pretensiones del actor, mediante el conocimiento de hechos o informaciones indispensables para que el proceso quede desde el inicio constituido regularmente.
‘‘En este caso es notorio que el futuro proceso puede desde ya quedar perfectamente constituido. Es de conocimiento público que Editorial Azeta S.A. es una persona jurídica, sociedad anónima, con todos los órganos propios de este tipo societario, que edita, distribuye y publica y vende el periódico ABC Color. Que tiene un reconocido patrimonio propio con el cual pretende responder a una hipotética demanda por daños y perjuicios’’, puntualizó Coll Rodríguez.
Refirió que en base a estos argumentos carecen de absoluta razón de ser las dos primeras preguntas del cuestionario fijado para la declaración de Zuccolillo.
De acuerdo al escrito presentado ayer, las diligencias preparatorias solicitadas en esta acción son muchas, no solo la declaración jurada de Zuccolillo, ‘‘con la cual aparentemente se pretende conocer si Editorial Azeta S.A. es la propietaria del Diario ABC Color’’. ‘‘Aún en propio cuestionario para quien fue citado a comparecer se encuentran las preguntas c) número de ejemplares que por día se imprimen; d) suministre la nómina de periodistas, reporteros y de todos los funcionarios..., de las cuales no se han especificado claramente el motivo por el cual se las formulan’’, añadió el letrado.
Coll Rodríguez también solicitó que se aclare el fundamento de las diligencias preparatorias que se pretenden obtener por vía del diligenciamiento de los oficios librados a la Dirección de la Propiedad Industrial, del Ministerio de Industria y Comercio, al Viceministro de Tributación del Ministerio de Hacienda, al periódico ABC Color y a Editorial Azeta S.A., ‘‘con el agravante de que estos informes podrían violar normas de rango constitucional que su SS, bien conoce’’.
INCONSTITUCIONAL PEDIDO DE LISTA DE PERIODISTAS
El abogado César Coll Rodríguez, en otra parte de su presentación de ayer, señaló que llama poderosamente la atención que el juez haya dado trámite a un pedido inconstitucional solicitado por Marcelino Gauto Bejarano, que es la petición de la nómina completa de los periodistas de ABC.
‘‘Es difícil entender los fundamentos que subyacen en la resolución que ordena al señor Aldo Zuccolillo a que informe o suministre la nómina de los periodistas, reporteros y de todos los funcionarios del diario de su dirección que participan en la redacción de cuanto se publica en el mismo’’, resaltó el letrado. Agregó que la Constitución Nacional y los diversos tratados internacionales sobre la materia reconocen de manera categórica e intransigible las libertades necesarias para que todo medio de prensa pueda cumplir con su función esencial, libre de presiones.
En la declaración de Chapultepec adoptada en la Conferencia Hemisférica sobre la libertad de expresión realizada en México, distrito Federal, llevada a cabo el 11 de marzo de 1994, la Sociedad Interamericana de Prensa declaró que las presiones coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de estas libertades no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo.
Coll apuntó que se reserva el derecho de presentar una inconstitucionalidad contra la resolución del juez.
EXIGEN COBRAR A ITAIPU MILLONARIOS HONORARIOS
Los abogados Marcelino Gauto Bejarano y Anastasio Argaña Contreras fueron contratados por Itaipú para defender sus intereses en la demanda que promovió Mundy y en la que reclamó un millonario reajuste por la provisión de almuerzos y bocaditos. Los letrados perdieron la demanda y ahora pretenden cobrar a la binacional más de G. 2 mil millones en concepto de honorarios solo por los ‘‘trabajos’’ realizados en primera instancia.
El juez Hugo Bécker estableció que Gauto Bejarano y Argaña tenían que percibir un poco más de G. 1.700 millones en concepto de honorarios. Sin embargo, los abogados apelaron la resolución y recurrieron al Tribunal para que aumente el monto.
Los dos letrados contratados por Itaipú habrían cumplido una deficiente labor en el proceso abierto por la demanda de Mundy. Entre otras cosas, elaboraron un ‘‘tibio’’ cuestionario que permitió que hasta el querellado perito Miguel Angel Lemir se burle de las preguntas que hicieron con respecto al caso.
Además, pese a que en la demanda se discutía un monto de G. 10 mil millones más los intereses, nunca pusieron a conocimiento de la ciudadanía el polémico juicio, en el que se registró un ‘‘fraude procesal’’, según el procurador general, Juan Carlos Barreiro Perrota.
SE HABRIA ORQUESTADO UNA ESTAFA
Existen numerosos indicios que hacen presumir que se pretende estafar a Itaipú con el millonario reajuste por la provisión de croquetas a la entidad. Aparece como el supuesto cabecilla de lo que sería toda una ‘‘rosca’’ el ingeniero Aníbal Sánchez Bejarano, ex apoderado de Mundy Recepciones, firma demandante.
Sánchez Bejarano, a través de los ‘‘contactos’’ dentro de la binacional, habría logrado que Mundy gane la licitación para el servicio de cocina y firmó así un pliego de bases y condiciones, donde aparece una polémica fórmula para aplicar el reajuste por las croquetas.
El primer año de contrato Itaipú pagó más de G. 3 mil millones a Sánchez Bejarano, quien no reclamó la forma en que Itaipú aplicó el reajuste. Es más, prolongó el contrato por otro año y solo a mitad de la prestación del segundo año de servicio cuestionó la fórmula para el adicional, preparando así el camino para la demanda.
Ya para la lucha judicial aparecen en escena el abogado Antonio Fernández Gadea, hermano del presidente de la Corte Carlos Fernández Gadea y el juez Arsenio Coronel, amigo de la familia. Este magistrado condenó a Itaipú a que le pague a Mundy un reajuste de G. 10 mil millones, además del 2,5% de interés por los meses atrasados que corren desde mayo de 1995.
La cuestionada sentencia de Coronel (que ya ascendió a miembro del Tribunal de Cuentas) fue ratificada por la Cámara integrada entonces por Fernando Barriocanal (presentó renuncia a la Corte alegando el bajo salario), Gerardo Báez Maiola y Oscar Paiva Valdovinos. Los fallos anteriores fueron ratificados por los ministros Luis Lezcano, Raúl Sapena y Bonifacio Ríos.