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El magistrado electoral, en un intento por aclarar su situación ante la opinión pública, citó el artículo 104 de la Constitución Nacional en el que se establece la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de bienes y rentas.
Afirmó que él cumplió con la ley, ya que el 23 de agosto del 2011, luego de ser nombrado como funcionario de la Corte Suprema de Justicia, hizo la presentación de su declaración jurada ante la Contraloría General de la República.
González afirmó que una vez que culmine su función volverá a presentar su declaración jurada. “Las resoluciones administrativas de Recursos Humanos no están por encima de la Constitución Nacional. Esto lo hago para aclarar a la ciudadanía sobre esta publicación, que la gente saque sus conclusiones, no tengo nada que ocultar, espero el sumario con la frente en alta”, dijo en un comentario hecho en la web de ABC Digital, donde aparece en una nómina.
Las declaraciones del magistrado evidencian su desconocimiento ante la reglamentación del artículo 104 de la Constitución Nacional, que dispone las actualizaciones de declaraciones juradas. González, junto a otros 15 jueces electorales, serán sumariados por no haber cumplido con el plazo de presentación.
El artículo N° 25 de la Ley 5033/13 señala claramente que todos los funcionarios deberán actualizar sus declaraciones de bienes y rentas 60 días contados a partir de la vigencia de la resolución de la Contraloría General de la República.
El 23 de febrero pasado, el Contralor General de la República, Óscar Velázquez, firmó la resolución N° 84 por la cual se aprueba la calendarización de presentación de las actualizaciones de declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios de la Justicia Electoral. Se fijó el plazo del 2 de marzo al 17 de abril.
Retención del salario
El ministro de la Justicia Electoral, Jaime Bestard, congelará el pago de salarios a todos los funcionarios de la institución que no hayan presentado la constancia de haber cumplido con la actualización de sus declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República. El ministro señaló que hasta que los empleados electorales no regularicen su situación, la medida seguirá, ya que de lo contrario él se expone a una multa de 500 jornales.