Los apoderados del PLRA en Pilar, Luis Delfino y José Augusto Paiva, recibieron ayer una cédula de notificación del juez electoral de la mencionada comunidad, Alcides Corazón Martínez, donde se les comunica que queda totalmente prohibida la utilización de las palabras concertación, alianza, unidad electoral, y otros 23 sinónimos de estas, en concentraciones, reuniones político-partidarias y en los medios masivos de comunicación. La medida obedece a una acción "de control y propaganda electoral" interpuesta por el Partido Colorado.

La prohibición cae expresamente sobre la candidatura de Carlos Silva, quien representará a cinco partidos de oposición (Unace, PEN, PPS, PPQ y PLRA) en las elecciones municipales del próximo 19 de noviembre, y de los concejales titulares y suplentes del PLRA.

Delfino manifestó que Silva tiene buenas posibilidades de obtener la victoria en Pilar, por lo que el oficialismo colorado de esta manera "pretende amedrentar la voluntad popular", aseguró.

PERSECUCION POLITICO - JUDICIAL

El presidente del PLRA, Blas Llano, manifestó que la medida judicial de Martínez ya no sorprende, teniendo en cuenta que el partido soporta una persecución político-judicial, en vísperas de unas elecciones. "Todos los casos de los intendentables por ejemplo, las imputaciones son anunciadas por los operadores políticos colorados en las reuniones y hasta ya dicen quién va a ser el fiscal", manifestó.

"Lo más llamativo es que existen casos como los de San Lorenzo, Lambaré, Fernando de la Mora, donde los ex intendentes están acusados de graves casos de corrupción y no son objeto de investigación", mencionó.

Señaló que el hecho de que el propio presidente de la república Nicanor Duarte Frutos se haya autonombrado jefe de campaña en Central se debe a la intención clara de imponer sus candidatos a como dé lugar.

Llano anunció que todos los casos de persecución político-judicial están siendo analizados por los asesores jurídicos del partido, para eventualmente presentar una denuncia ante la Organización de Estados Americanos, por violación flagrante de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía.