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En la definición de esta denuncia hubo llamativos procedimientos acelerados de jueces y fiscales. El sábado 7 de diciembre pasado el fiscal Édgar Sánchez pide la devolución de las barcazas retenidas en Piquete Cue y al día siguiente la jueza Griselda Caballero hizo lugar a la solicitud.
El 13 de diciembre Sánchez ya pidió la desestimación de la denuncia, que le negó el juez Fernández. El fiscal se ratificó y pasó el expediente al fiscal adjunto, Federico Espinoza, quien ratificó la postura de Sánchez. La nota de ratificación de Espinoza entró a las 12:50, del 30 de diciembre último, al juzgado de Fernández, quien al día siguiente resuelve admitir el dictamen fiscal.
El argumento de la Fiscalía –también manifestada en ocasión anterior por el fiscal Guillermo Zillich, quien intervino interinamente– es que no se halló hecho punible con base en la investigación realizada.
El Ministerio Público se basa en el dictamen del perito argentino, ingeniero Gustavo Fabián Alonso, quien señaló que los constructores navales Damián Lezcano Quinto y Pablino Dejesús Rossi Fernández “tienen plena habilidad y capacidad para realizar construcciones navales como las de las embarcaciones en cuestión (barcazas)” y determina que es posible que los astilleros Varadero Arenera 8 Hermanos, El Tuku, Calería San Cayetano, Río Verde y Calería El Norteño puedan construir las barcazas. El perito estima que la edad de las embarcaciones es de unos cinco años y que las mismas se pudieron haber construido en el tiempo en que figura en los documentos. Finalmente, dice que “debido al método de construcción de las barcazas con chapas de acero reciclada, es altamente probable que las barcazas peritadas hayan sido construidas en la República del Paraguay”.
La Fiscalía menciona también la declaración testifical de Gregorio Vázquez González, quien afirmó que siendo funcionario de Soparna, firma subsidiaria de Gutnisky en nuestro país, recibió nueve barcazas en devolución a Gutnisky de parte de Naveradi. La Fiscalía con base en esto y al parecer sin tener en cuenta el informe Nº 178/13 de la perito Denice Insaurralde, quien halló que varias firmas y sellos de los documentos expedidos por la Prefectura General Naval no son auténticos. Estos documentos tratan sobre todo el proceso de autorización para la construcción, botadura y certificaciones de las barcazas.
La denuncia presentada el 27 de marzo de 2013 por el constructor naval Oscar R. Branda Acevedo hablaba de que las barcazas habrían sido rematriculadas con producción de documentos no auténticos y que las embarcaciones no se habrían hecho en el lapso que se consigna en los documentos.
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