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El magistrado citó a la “empleada” del senador colorado Víctor Bogado luego de que los fiscales de Delitos Económicos René Fernández, Liliana Alcaraz, José dos Santos y Claudia Criscioni presentaran el escrito de acusación penal y solicitaran que el caso sea elevado a juicio oral y público.
Con relación al parlamentario, el plazo para que el Ministerio Público acuse recién se cumple en junio, teniendo en cuenta que el desafuero de Bogado se concretó dos meses después de la imputación.
Respecto al tercer implicado, Miguel Ángel Pérez Núñez, entonces director de Gabinete de la Presidencia de la Cámara de Diputados (a cargo de Bogado), el Ministerio Público tiene tiempo para presentar su requerimiento conclusivo en mayo próximo.
La acusación contra Quintana Venialgo revela, entre otros puntos, su conexión como “empleada particular” de la familia Bogado-Aveiro, pese a que la misma y el propio parlamentario negaron este hecho.
En ese sentido, se indica que se cuenta con una documentación remitida por la Cooperativa El Pinar Ltda., donde Gabriela Quintana solicitó créditos, en la que consignó que trabajaba con el matrimonio desde el 2007, siendo que en 2008 fue contratada por la Cámara Baja, a pedido de Bogado. Es más, la propia exesposa del legislador, Guadalupe Aveiro, había corroborado la vinculación laboral en un documento.
Según el Ministerio Público, la “niñera” percibía primero un salario de G. 1.300.000 en la Cámara de Diputados, desde el 2 de julio hasta el 30 de setiembre de 2008, como “asistente” de Bogado. Luego, fue nombrada como funcionaria permanente el 17 de febrero de 2010, cargo que desempeñó hasta setiembre de 2013, con un salario de G. 13.237.400.
En febrero de 2013 Pérez Núñez pidió su contratación en Itaipú y la mujer recibió una paga mensual indebida de G. 8.739.300. Tras el escándalo, la binacional rescindió el contrato y Quintana devolvió los G. 71 millones percibidos irregularmente hasta octubre de 2013.