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Tras el cotejo de datos realizado en el Departamento de Registro de Armas de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), el juez Sosa Pasmor informó que un total de cinco pistolas, del lote de armas incautado de manos de Rosa Isabel Brizuela, esposa de Gómez Buongermini, no están registradas en la Dimabel.
El resto de las armas están documentadas e incluso varias tienen autorización de tenencia, expedida por la unidad militar, conforme al magistrado.
Agregó que existen además registros de importaciones y que las armas están a nombre de VIP Security SA y algunas a nombre del propio Atilio “Tete” Gómez Buongermini.
El dato aportado por el juez, sin embargo, difiere con lo que había declarado el jefe del Departamento de Registro de Armas de la Dimabel, Cnel. Óscar Villagra, quien días atrás refirió que unas 10 armas de las incautadas el sábado último no estaban registradas, y que por lo tanto, no podían estar en poder de la esposa de Gómez Buongermini, por lo que decidió elevar el informe al fiscal interviniente.
Sosa Pasmor y Ortúzar están investigando este caso que podría tratarse de un tráfico de armas en que aparece involucrado VIP Security SA. Además de la sospecha de la venta ilegal de armas, la firma habría operado el “esquema ponzi” para captar recursos millonarios de varios acreedores. VIP Security SA se dedica al negocio de la seguridad, servicio de blindados y venta de armas en forma legal, pero toda esta actividad no justificaría el dinero que manejaba la empresa, además del “clavo” de unos 16 millones de dólares que está dejando a sus acreedores. Entre los acreedores de VIP Sucurity SA están el Banco Sudameris, Banco Amambay, del presidente Cartes, Ára de Finanzas, el grupo González Daher, la familia Recanate, J. Portillo SA del gerente del banco Amambay, Hugo Portillo, entre otros.