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Patricia Blasco, titular de la Sala había resuelto como primera medida eliminar las horas extras de un grupo de funcionarios bajo el argumento de que no es un año electoral, por lo tanto no se justifica la carga laboral.
También había resuelto poner a disposición de Recursos Humanos al actuario Gerardo Morales por razones de mejor servicio. Otro hecho que generó molestias fue la designación del exsuperintendente Modesto Núñez como asesor de la Sala. A esto se suma que Blasco había ordenado que Morales abandone una oficina para ceder dicho espacio físico a Núñez.
Tanto Medina como Meza sostienen que en mayoría han revocado todas las disposiciones resueltas por Blasco, de quién señalan que lo ha hecho en forma “inconsulta y unilateral”. Alegan que sus resoluciones son nulas, porque deben ser dispuestas en forma colegiada, por esta razón afirman que son “ilegales y arbitrarias”.
Justifican plenamente las horas extras de los funcionarios de la Sala, bajo el argumento de que la entrada de expedientes es incesante y tanto el actuario como el funcionario “deben extender sus horarios para cumplir con eficiencia sus funciones”.
Los magistrados cuestionan que Blasco haya designado a Núñez, según ellos mencionan con el cargo de relator y que ni siquiera los ministros de la Justicia Electoral tienen presupuestado. Sin embargo, Recursos Humanos lo designa como asesor de sala.
Los jueces señalan que con sus votos en mayoría Morales fue repuesto en el cargo y en el recinto que ocupaba. Cuestionan a Blasco porque dispuso su traslado sin previo sumario ni disposición de los ministros. Acerca del espaldarazo que recibió el actuario por parte de los apoderados de la ANR y el PLRA, señalan que es prueba de su “eficiencia y efectividad en el cargo”.
Olindo López, director de Administración del TSJE, dijo que sigue la disposición de Blasco acerca de la suspensión las horas extras. Entiende que la presidenta lleva la dirección administrativa del Tribunal de la Capital.