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A través de un comunicado emitido ayer, Itaipú trató de justificar la negativa en dar a conocer el resultado de un sumario administrativo abierto el 24 de noviembre del 2017, cuando estalló el escándalo de acoso sexual en la entidad que involucraba al entonces superintendente de Servicios Generales Arturo Giménez Gallardo.
El funcionario, además de estar acusado de acosar a funcionarias, instó a robar teléfonos de las presuntas víctimas para hacer desaparecer las pruebas.
La entidad manifiesta, entre otras cosas, que “el Código Procesal Penal (Art. 322) establece que, durante un proceso penal, existe un deber de reserva para quien tenga conocimiento de actuaciones realizadas vinculadas a su objeto. En igual sentido, la Resolución N° 472, de fecha 17 de mayo de 2012, dictada por el Ministerio de Justicia y Trabajo, “por la cual se reglamenta el procedimiento de inspección de seguridad y salud en el Trabajo y se sanciona la violencia laboral...” (las negritas son nuestras).
La periodista de nuestro diario Nancy Espínola, invocando la Ley 5282/14 de Libre Acceso a la Información Pública, había solicitado el resultado del sumario abierto que debió haber concluido en febrero; y el costo abonado al juez sumariante que fue contratado para el caso.
Las normativas mencionadas por Itaipú son anteriores a la Ley de Acceso a la Información, que obliga a todas las instituciones públicas a poner a disposición de la ciudadanía todas sus actuaciones; y por norma, la última ley aprobada es la que rige. A esto se suma el hecho de que el artículo del Código Penal citado solo refiere a reservas en el proceso, no dice que el resultado debe ser secreto.
La entidad había prometido aclarar la situación que involucra al Giménez Gallardo, pero desde un principio asumió una defensa corporativa del acusado.