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El pasado 8 de mayo invocando la Ley 5282 de Acceso a la Información Pública, la periodista de nuestro diario Nancy Espínola solicitó a Itaipú el resultado del sumario abierto el 24 de noviembre del 2017 “para la investigación de supuestos hechos irregulares que involucran a empleados de la entidad”.
La medida había tomado el director general James Spalding, tras difundirse un audio en el que se lo escuchaba al entonces superintendente de Servicios Generales Arturo Giménez Gallardo, pidiendo a una subordinada contratar un guardia para hacer desaparecer teléfonos celulares de otras trabajadoras de la misma entidad. El objetivo era borrar presuntas pruebas de casos de acoso sexual que las mujeres tenían guardadas, en su contra.
Al escuchar el audio, una funcionaria identificada como Marizza Irigoyen declaró públicamente que fue víctima de acoso y acusó a Giménez Gallardo. Dijo que inclusive el funcionario llegó a llevarla a un motel, contra su voluntad, y que al negarse a acceder a sus deseos fue trasladada.
Tras la decisión de Irigoyen de hacer público su caso, otras mujeres se animaron a contar sus historias, y así se pudo ver que los casos de acoso sexual eran frecuentes en la entidad, y las autoridades estaban al tanto.
Nuestro diario también tuvo acceso a un audio donde se lo escuchaba al Superintendente de Relaciones Laborales Carlos Ozuna tratando de persuadir a otra víctima de acoso, Norma Cardozo, para que la misma no denuncie el caso porque iba a “perjudicar” al acusado, en ese caso, Gustavo Ramírez Afara.
Cardozo había sido echada de la institución aparentemente tras acusar a Ramírez Afara, y para ser reincorporada, Ozuna le pidió que borre los mensajes que le comprometían al funcionario.
El sumario en el que supuestamente lo investigarían a Giménez Gallardo debió culminar en febrero.
En el pedido de informe sobre el resultado del mismo también se requirió sobre el monto pagado por la entidad al juez instructor externo César Alfonso, para realizar la investigación.
Itaipú tenía 15 días hábiles para responder, plazo que venció el 1 de junio. La solicitud tuvo entrada a través de la Defensoría General, instancia encargada de hacer cumplir la ley de Transparencia.
Prometió actuar
El director de Itaipú James Spalding había asegurado que en la institución no se encubre ningún caso de acoso. Sin embargo, lo que quedó demostrado es que todas las autoridades siempre estuvieron al tanto, y no tomaron ninguna medida.
Al contrario, cerraron filas para defender a los acusados, en el último caso, un político colorado que ahora está buscando ocupar un cargo con el nuevo gobierno.