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Hasta el momento, Itaipú no dio a conocer el resultado del sumario que comenzó tras la difusión de un escandaloso audio en noviembre pasado por radio ABC Cardinal, en el que se escucha al entonces superintendente de Servicios Generales Arturo Giménez cuando insta a una funcionaria a buscar un guardia de seguridad para que robe dos teléfonos celulares de funcionarias de la entidad.
El objetivo de Giménez era hacer desaparecer presuntas pruebas de acoso sexual en su contra que había en los aparatos. La conversación era con una hoy extrabajadora de la empresa, Alma Alfonzo Villalba, quien, a su vez, para cumplir con la orden del alto funcionario, “contrató” al guardia Gustavo Santander Meaurio para cometer el ilícito.
Una de las afectadas, Marizza Irigoyen, declaró en el marco del sumario y se ratificó en que fue víctima de acoso sexual por parte del funcionario Giménez. Dijo que el hombre, siendo su jefe directo, una vez estando en Asunción la llevó a un motel, contra su voluntad. Ante su negativa de ingresar, Giménez le dijo que “no pasaba nada” y que solo iban a “tomar un café”. Al día siguiente del incidente, cuando volvió a Ciudad del Este, ya encontró a otra funcionaria ocupando su oficina.
La mujer dio a entender que el robo de su celular estuvo a punto de concretarse, pues una vez estando frente a una lomitería en la capital altoparanaense fue encañonada por tres hombres, quienes en todo momento le pidieron que les entregue su teléfono móvil.
Santander Meaurio también declaró y ratificó que fue “contratado” por la hoy extrabajadora de la entidad Alfonzo Villalba para robar los celulares y confirmó que una de las víctimas iba a ser Marizza Irigoyen. Dijo que la otra persona es una mujer que cumple funciones en el gimnasio de la binacional y que se llama Jésica Leticia Quiñónez. La orden era que si no lograba robar dentro de la institución, vea la forma de cumplir con el objetivo fuera del recinto.
Santander Meaurio refirió que estaba dispuesto a cometer el robo porque Alfonzo Villalba le dijo que de esa forma podría recuperar su puesto del que fue apartado sin ninguna explicación.
Sin embargo, antes de cometer el hecho habló con su jefe directo, el superintendente de seguridad Ubaldo Sisa, quien le prohibió que hiciera tal cosa.
Giménez ocupaba dos cargos gerenciales en Itaipú: era superintendente de Servicios Generales y asesor del director administrativo Carlos París. Tras el escándalo, fue apartado de sus dos cargos, pero aún goza de privilegios. Según nuestras fuentes, fue asignado a la oficina de Procesamiento y Control del Área Administrativa Ejecutiva, donde se procesan todos los contratos y pagos de servicios de la entidad. Maneja un presupuesto superior a US$ 30 millones.