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A lo largo de todo el texto, que aquí presentamos in extenso, se hace una defensa acérrima del interés brasileño y una refutación de los reclamos paraguayos con los mismos argumentos falaces que ha utilizado históricamente Brasil para justificar el despojo de los excedentes energéticos de Paraguay por el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río Paraná.
Sachs y su equipo de expertos hicieron un análisis de la historia financiera de Itaipú y concluyeron que existen razones más que suficientes para deducir que el Paraguay ha salido gravemente perjudicado y que es necesaria una auditoría internacional independiente de las cuentas antes de 2023, año fijado para la renegociación del Anexo C del Tratado toda vez que los compromisos estén saldados.
Los expertos hacen una simulación (que, como su nombre lo indica y ellos mismos se ocupan de aclarar, no se trata de un cálculo real, sino de un ejercicio para demostrar la necesidad de una revisión transparente de los números) con tasas de interés y precios razonables por la energía paraguaya y llegan a la conclusión de que Paraguay probablemente ya pagó todo o gran parte de su porción del costo de la central y que, por lo tanto, ya debería disponer libremente de sus excedentes para venderlos a precios de mercado y al mejor postor.
En su contestación, “Itaipú” (en realidad, Brasil) repite los engañosos “fundamentos” con los que siempre se ha burlado al Paraguay.
Uno es el formalismo de que tanto la deuda como la energía no son ni de Paraguay ni de Brasil, sino de Itaipú, y que por tanto no caben reclamos.
Insiste en que Brasil, como mayor consumidor, paga la mayor parte de la deuda, pero olvida mencionar que el acreedor, y, por ende, el beneficiario de los exorbitantes intereses, es el propio Brasil.
Por un lado, sostiene que Itaipú se autofinancia, que los países no se endeudan, y que los recursos para pagar todos los costos salen de la misma generación de la central, pero cuando le conviene, permanentemente saca en cara que Brasil tuvo que poner los préstamos y las garantías porque Paraguay era muy pobre para ello.
Como telón de fondo, siempre deslizan de una manera u otra la aberrante (y humillante) afirmación de que “Paraguay solo puso el agua”, cuando el agua es, precisamente, el recurso energético que crea el valor. Es como decir que un país petrolero “solo pone el petróleo”.
Otro “argumento” es que todos los acuerdos han sido aprobados por los delegados paraguayos, lo cual es tristemente cierto. Pero el propio Brasil muchas veces ha salido a renegociar compromisos firmados por sus funcionarios y, además, como lo hace notar el economista César Cardozo en este mismo suplemento (pág. 8), la correlación de fuerzas en la administración de Itaipú en la práctica siempre ha favorecido desproporcionadamente a Brasil, que es el que verdaderamente toma las decisiones.
Estas y otras falacias se reproducen en todo el texto, que ponemos a disposición de nuestros lectores y de especialistas paraguayos y extranjeros para que hagan sus análisis y sus críticas.
Sería legítimo y lógico que un documento de estas características proviniera de la cancillería brasileña, pero se supone que Itaipú tiene dos dueños condóminos y que está “cogobernado” por representantes brasileños y paraguayos.
Por lo tanto, una de dos: o sus pares brasileños ignoraron por completo a quienes se presume están allí para representar al Paraguay, como uno de los socios en una sociedad “igualitaria”, o estos (los paraguayos) avalan y respaldan todo el contenido de esta respuesta.
Los directores paraguayos son Franklin Boccia Romañach, José María Sánchez Tillería, Eusebio Ramón Ayala, Alberto Magno González, Uvaldino Galeano (de la Dirección Financiera, responsable del informe) y Sady María Aranda.
Los consejeros son Orlando Pessuti, Osvaldo Romei, Roger Balbuena, Paulo Reichart, Mirtha Vegara de Franco, José María Cardozo y Carlos Heisele.
La ciudadanía espera una explicación de su parte.