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Ávalos Mariño se refirió a la observación hecha al Paraguay por la Comisión de DD.HH. de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, por la no designación aún del defensor del Pueblo. Admitió que se trata de una situación “irregular”, ya que tanto el defensor titular como el adjunto están con el mandato vencido desde hace 8 años.
Indicó que evidentemente es una responsabilidad del Congreso dado que las ternas para defensor y adjunto son integradas en el Senado y las designaciones se hacen en la Cámara de Diputados.
Indicó que la situación da derecho a cualquiera a presumir que no se cumple con la obligación porque no prospera ningún acuerdo capaz de conformar los intereses de los sectores políticos.
Otra presunción muy evidente es que en ciertos sectores políticos están esperando que se produzcan vacancias en otras instituciones para poder negociar con base en “cupos” para los distintos partidos con representación parlamentaria.
Ávalos Mariño indicó que, de hecho, además de las designaciones pendientes del defensor del Pueblo y adjunto, también está el del contralor y subcontralor general y siguen esperando tratamiento los juicios políticos a tres miembros de la Corte Suprema así como el anuncio de que se pedirán los juicios de dos ministros de la Justicia Electoral.
Consideró que esta situación se presta a que la ciudadanía pueda pensar que se está buscando utilizar esos cargos como “moneda de cambio” para ubicar a “leales” en los mismos.
En cuanto a identificar a quienes especulan con esta situación, Ávalos Mariño dijo que si se llega a confirmar, da a pensar que casi todos los sectores políticos están de alguna manera involucrados en el “cuoteo”.
Reconoció que esta situación que se vino dando durante años no ha cambiado demasiado, a pesar de algunos esfuerzos.
Indicó que hace falta que la clase política, especialmente en el Congreso, se adecúe a los nuevos tiempos, dejando atrás vicios del pasado que producen el rechazo ciudadano.
Decisiones pendientes
Los actuales defensor del Pueblo y adjunto Manuel Páez Monges y Édgar Villalba tienen mandato vencido desde el 30 de junio de 2008. El año pasado, el Congreso debió haber elegido nuevo contralor y subcontralor porque el mandato de sus autoridades venció en diciembre. A eso se suma el juicio a tres ministros de la Corte Suprema pendiente desde 2014.