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El intendente liberal Diego Riveros manifestó ayer a radio ABC Cardinal 730 AM que, lamentablemente, el microtráfico va ganando terreno en los barrios de Caacupé. Agregó que el avance de la venta de droga se difunde a través de los medios de comunicación y que con la llegada del Grupo Lince de la Policía Nacional se pudo detener a varios distribuidores.
Confirmó que los barrios Santa María, San Felipe, San Blas, Centro y General Díaz son sitios que a la noche se convierten en tierra de nadie o que son controlados por los denominados “pistoleros”, pero que se está trabajando con los agentes policiales para revertir la situación.
Por publicar el avance del microtráfico y la detención de los presuntos distribuidores, la corresponsal de este diario, Desiré Cabrera, recibió una amenaza de muerte. Incluso, pusieron precio a su cabeza, ya que un tal “Baibi’i” ofreció G. 25 millones a quien la haga “viajar” antes de Navidad”.
El director de Policía del departamento de Cordillera, comisario principal Gilberto Gauto, por su lado, señaló a la misma emisora que “la cuestión del microtráfico es difícil de combatir, no solo para nosotros, sino también para el Ministerio Público, porque hay que entender que en un procedimiento tenemos que encontrar evidencia, y la gente que se dedica a eso, que son cabeza o patroncitos, se cuidan mucho de tener consigo alguna evidencia”.
“No hay por qué minimizar; se entiende que es una situación grave y lo tomamos así”, dijo el comisario Gauto, indicando que tienen identificada la problemática pero, que es difícil erradicarla.
“Referente a la persona que es sindicada (por “Baibi’i”), en los últimos meses fue aprehendida en dos o tres oportunidades. Después, fueron enviadas, si mal no recuerdo, cuatro personas que, según Antinarcóticos, están ligadas al microtráfico y fueron remitidas al penal de Emboscada. El procedimientos se hizo hace 30 o 40 días. Algunos seguramente ya están fuera”, agregó.
En la Comandancia de la Policía, en Asunción, algunos miembros de la cúpula insistieron en que se debe denunciar formalmente la amenaza contra la corresponsal de ABC Color, para iniciar una investigación e identificar el origen.
Los uniformados reconocieron que es su obligación atender estos casos, pero pidieron colaboración para poder llegar al o los responsables de las amenazas que sufrió la periodista.