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El diputado de Caaguazú Ovelar mencionó que la vigencia de la Ley 4669/12, también conocida como “ley antimora” o “contra la impunidad” cuando entró en vigencia en julio del 2012, generó un verdadero caos jurídico en el sistema penal debido a que se redujo el plazo máximo de duración de un proceso de cuatro a tres años.
Ovelar sostiene que la ley trajo consecuencias negativas, ya que varias causas penales se extinguieron sistemáticamente como consecuencia de la aplicación retroactiva del nuevo plazo introducido por esta ley, como una derivación –claro está– del principio de aplicación retroactiva de la ley penal que es favorable al encausado y reconocida en el artículo 15 de la Carta Magna.
Menciona que varios imputados fueron beneficiados con la ley, especialmente aquellos imputados por la comisión de crímenes sumamente graves (entre ellos, narcotraficantes), todos ellos beneficiados con la extinción de la acción penal.
Ese mismo año, el Congreso otorgó una “solución parche” al sancionar la Ley 4734/12, por la cual suspendía por dos años la aplicación de la “ley Guastella” (denominada así por su proyectista el entonces senador de Unace Abel Guastella). “Se evitó momentáneamente que varias otras causas penales se siguieran extinguiendo por aplicación de la citada normativa”, declaró el diputado Ovelar.
Luego de la Ley 4734/12, se sucedieron las leyes N° 5276/14, que suspendió la vigencia por un año más, y N° 547/15, nuevamente por otro año más. La cuarta y última suspensión fue a través de la Ley Nº 5671, del 2 de setiembre de 2016. En esta última suspensión, se estableció una periodo de dos años más de suspensión, que finalizará el 1 de setiembre de 2018. Ovelar cuestiona que hasta la fecha el Congreso no haya derogado la ley principal que se constituyó en el “origen del mal”, en este caso, la Ley N° 4669/12. La derogación de la “ley Guastella” es absolutamente necesaria y, consecuentemente, ratificar la vigencia de plena de la Ley N° 2341/03 en materia de plazos, indicó.