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El diputado Ríos, cuestionado por su gestión como rector de la Universidad Nacional de Pilar (UNP), indicó que la prohibición de difundir las bocas de urna durante el desarrollo del acto electoral ya está establecida en el artículo 306 del Código Electoral vigente.
Afirmó que el objetivo del proyecto a ser presentado en los próximos días es especificar más la prohibición para evitar que, con nombres ficticios y muy obvios, igual se divulguen los datos, facilitando la identificación de los candidatos que están compitiendo y el porcentaje de votos que están consiguiendo.
Destacó que, en la última elección municipal en Asunción, algunos medios de comunicación informaban los porcentajes de los distintos candidatos dando nombres como “el tractor” y “el disc-jockey”, que hacía muy sencillo identificar a qué candidatos se referían, lo cual va en contra del espíritu de la ley, según Ríos.
De correr el proyecto del diputado liberal, los medios de comunicación no podrán hacer público ningún dato de boca de urna durante el desarrollo del acto comicial y recién lo podrán hacer una hora después de que se cierren las mesas de votación.
Ríos dio el ejemplo de la reciente elección presidencial en la Argentina, señalando que ese fue el procedimiento seguido.
Cuestionado
Ríos es una de las cuestionadas figuras políticas por las irregularidades detectadas por la Contraloría en su administración como rector de la UNP. En 2012, el diputado era rector y además ocupó cargo de docente investigador y docente en varias asignaturas de las facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, así como en Ciencias Contables, Administrativas y Económicas.
Con estas múltiples asignaciones, el político liberal percibió ese año un total de G. 357.355.338, una suma que podría haber sido mayor de no ser por el hecho de que Ríos cobró solo seis meses de su sueldo como rector, ya que se encontraba de permiso para ocupar el cargo de ministro de Educación.
Desestiman prohibición
Los encuestadores José Nicolás Morínigo (GEO) y Francisco Capli (First Análisis) coincidieron en que la prohibición total de difundir bocas de urna durante las elecciones afectaría la información pública y consideraron que lo importante es que se respete la normativa vigente. Morínigo expresó su acuerdo con la letra y con el espíritu de la ley vigente, en el sentido de no dar esos datos antes de una hora después de concluido el comicio. Consideró razonable esta previsión, dado que en ese momento ya no afectaría de ninguna manera el resultado, como temen quienes se oponen a la divulgación de los datos. En tanto, Capli dijo que nunca una limitación a la información pública, en materia de comunicación, es positiva.