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De acuerdo al informe que proporcionó el actual gobierno, la mayor parte de los fondos previstos en el plan financiero del corriente ejercicio ya fueron ejecutados o están comprometidos para gastos rígidos por parte de la administración anterior. Esta situación deja al Ejecutivo casi sin margen para impulsar algún proyecto en el corriente año.
Inclusive, algunas versiones señalan que se produjeron desvío de fondos y malversación, pero hasta el momento no se han presentado pruebas, aunque está en curso una auditoría privada que se presume podría establecer responsabilidades civiles o, incluso, penales.
Según el informe, en el caso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, al 15 de agosto de 2013, al finalizar el mandato del gobierno anterior, ya se había ejecutado el 65% del presupuesto de esa institución. del presupuesto restante, el 33% está comprometido hasta fin de año, con lo cual restaría solamente un saldo del 3% para que la actual administración pueda impulsar algún proyecto propio.
Otro aspecto del informe que hizo el Ejecutivo fue que entre agosto de 2008 y agosto de 2013 hubo un incremento en el número de funcionarios del 51%, lo que significa 88.866 nuevos empleados públicos contratados en los últimos 5 años.
Al respecto, la diputada Mignarro, quien varias veces presidió la comisión bicameral de presupuesto del Congreso, dijo que se debe tener en cuenta que el Ministerio de Hacienda es el que maneja en realidad los gastos y no siempre deposita en los ministerios toda la plata que figura en el presupuesto.
Apuntó que las cifras sobre Ejecutivo hechas públicas no son tan sorprendentes sino que están dentro de lo que se puede prever.
Mencionó que si realmente existe desvío de fondos, estos deben ser denunciados ante las instancias correspondientes, ya que nadie va a defender hechos de corrupción.
Consideró que el discurso del gobierno sobre “arcas vacías” busca sobre todo facilitar la instalación de una política de austeridad, lo cual –opinó– es positivo. Respecto al aumento del número de funcionarios públicos, indicó que se debe tener en cuenta el aumento de la población, la inauguración en la administración anterior de cinco nuevos hospitales, la regularización de la situación de unos 20.000 docentes que estaban trabajando ad honórem, así como la incorporación de nuevos policías. Dijo que se debe ver si el aumento de los funcionarios fue o no racional.
Un uso “irresponsable”
El informe del Ejecutivo menciona en forma destacada la crítica situación financiera del Estado paraguayo y lo atribuye al “uso irresponsable de las arcas del Estado” que hace que el dinero de la gente “no beneficie a todos los paraguayos ni al progreso del país”. Señala también que el presupuesto inflado actual provocó un desorden generalizado en la administración del dinero público, en que el gasto es cierto y obligatorio, pero los ingresos son irreales. Cuestiona asimismo el malgasto, con la aprobación de contratos de personal prescindible y la utilización del 90% del presupuesto en los primeros 8 meses. Destaca la necesidad de un “nuevo rumbo”, con una gestión responsable y defiende, en ese sentido, la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal.