Informe refiere a la tragedia de Curuguaty

La rebelión contra la injusticia es reconocida como derecho en nuestro ordenamiento jurídico, es lo que se siente asumir por campesinos sin tierra, indígenas y ciudadanos sin techo y sin trabajo, expresa el documento de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos entregado a la fiscalía el pasado 10 de diciembre y divulgado en un acto realizado en el Cabildo.

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El texto refiere a los antecedentes de la tragedia de Curuguaty, donde el 15 de junio fueron ultimados 11 campesinos y 6 policías.

El texto señala que los campesinos cada vez tienen más conciencia de que deben estar dispuestos a luchar por sus reivindicaciones, aunque implique, incluso, riesgo para su propia vida, en algunos casos.

Expresa que la existencia del Estado deviene de la necesidad de un poder que asegure la vida, los bienes, y la convivencia ciudadana, es la razón por la que se le asigna el poder coercitivo o el uso de las fuerzas y el cobro de los tributos, para velar por la vigencia del estado y la justicia. Agrega que el Estado existe para dirimir los conflictos tomando como compromiso salvaguardar la vida de los contendores y, en forma secundaria, los bienes. La defensa de los bienes nunca debe anteponerse al valor de la vida, objetivo supremo de todo estado democrático”, puntualiza.

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