El informe, a ser presentado próximamente en Naciones Unidas, pretende ilustrar y denunciar los factores estructurales que obstruyen cualquier posibilidad de vigencia de estos derechos. Enfatiza las violaciones cometidas por el Estado paraguayo a los derechos al trabajo, a la alimentación y al agua, a la vivienda y de los pueblos indígenas, en el contexto rural. Busca identificar y resaltar con claridad las situaciones de incumplimiento que comprometen la responsabilidad jurídico-política del Estado respecto a los derechos enunciados en él.

Se evidencia cada día que el cuadro de pobreza, exclusión social, económica y cultural va en aumento, lo que constituye la principal preocupación, ya que ello imposibilita la plena vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Expresa que todos los derechos deben ser concebidos y tratados integralmente y que es absolutamente imposible seguir considerando separadamente los derechos civiles y políticos de aquellos de naturaleza económica, social y cultural.

El informe, elaborado entre varias organizaciones sociales con un amplio criterio de participación de los protagonistas, pretende, a la vez que ilustrar la situación, denunciar los factores estructurales que obstruyen cualquier posibilidad de vigencia de los DESC. En ese sentido, se pueda ejercer una mayor presión sobre las políticas públicas y las decisiones de gobierno.

Menciona que los modelos de producción rural, la agricultura comercial agroexportadora de monocultivo y la economía campesina se han vuelto incompatibles en los últimos años, por la ausencia de una política estatal clara que defina la estrategia a seguir. Puntualiza que, si el Estado no resuelve ese problema, la confrontación entre los dos modelos productivos se irá agudizando y, consecuentemente, los conflictos irán multiplicándose y agravándose.

Las discusiones para la elaboración del informe alternativo se iniciaron en agosto del 2004. Abarca el periodo del 2000 al 2005, con análisis de datos e informaciones hasta marzo del 2006.