Indígenas plantearían medidas reparatorias contra el Estado

Indígenas de la comunidad Ava Guaraní Itanarãmi de Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú, expusieron ante directivos de la Codehupy (Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay) que en las cárceles los indígenas recluidos en dicha ciudad tropiezan con problemas de alimentación, falta de colchones y reciben menos atención de defensores públicos.

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Los nativos pidieron tener una mejor acceso a las autoridades políticas y religiosas de sus pueblos para que estos conozcan de primera mano la realidad que están viviendo en las cárceles del país.

Los indígenas Alberto y Ramón Iturbe González se reunieron con el secretario ejecutivo de Codehupy, Óscar Ayala Amarilla, para analizar posibles medidas reparatorias que podrían plantearse en contra del Estado paraguayo a raíz de que Alberto permaneció preso por tres años y seis meses por un crimen que no cometió.

Alberto dijo que estuvo recluido en la cárcel de Coronel Oviedo por supuesto complicidad en el asesinato de su padre, ocurrido el 13 de julio de 2013, pero sin haber tenido participación alguna en el hecho.

Absuelto

Durante el juicio fue absuelto sin culpa y pena luego de que el autor del hecho declarara que cometió el asesinato durante una riña y que Alberto Iturbe no tuvo ninguna intervención en el episodio ni fue responsable de encargar el asesinato.

Alberto y su hermano Ramón se trasladaron hasta la capital para agradecer la intervención tanto de la Codehupy como del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), cuyos representantes verificaron las condiciones de reclusión de los indígenas y mantuvieron una entrevista especial con ellos en sus lugares de reclusión.

Algunas de las quejas y reclamos presentados por los nativos son problemas de alimentación, que incluso es peor que la que recibe la población penal en general. Padecen falta de colchones y reciben menos atención de los defensores públicos, entre otras cuestiones.

Por todo ello, reclaman mejor acceso a autoridades políticas y religiosas de sus pueblos y lamentan que el derecho y la autonomía indígena sean violados en los procesos penales.

Esperan que se siga realizando un seguimiento regular de lo que ocurre en las penitenciarías nacionales de parte de las dos instituciones mencionadas.

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