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“El gobierno actual, de acuerdo con lo que ayer (lunes) he estado hablando con el Presidente de la República, tiene la firme voluntad política de adquirir esas tierras, pero tenemos en frente un tema que no se dirime en ámbito judicial”, indicó Cárdenas, quien ayer se reunió por la mañana con la comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural del Senado, y por la tarde participó de una audiencia pública convocada por el Frente Guasu respecto al tema.
El mismo no habló aún del posible monto a ser desembolsado por el Estado para adquirir la propiedad que tiene una orden de expropiación, pero por el cual no se puede negociar, ya que existe un litigio pendiente para determinar la titularidad del inmueble.
Justamente urgió a la Corte Suprema de Justicia a que se expida con celeridad para buscar solucionar la disputa que se viene arrastrando desde hace 40 años. Actualmente, en estrados judiciales los herederos de Mario Laterza, y la firma Bio Energy SA se disputan la titularidad de las tierras.
“Para nosotros es fundamental que el Poder Judicial se expida cuanto antes, porque eso nos va a dar la seguridad de que podamos entrar ya en contacto directo con el dueño de la propiedad” para pagar el resarcimiento por la expropiación, explicó el titular del Indert.
Sobre el posible monto a ser pagado no adelantó cifras diciendo que “el MOPC tiene que valuar esas tierras para que luego nosotros podamos emitir el cheque a esta persona”, según dicta el proceso legal.
“Tengo entendido que son al menos 150 personas las asentadas ahora mismo” en la propiedad de Laterza Cue, Caazapá, dijo Cárdenas, indicando que tienen identificadas y censadas a las personas que ocupan hace años la propiedad.
Por su parte, el senador del Frente Guasu Sixto Pereira, miembro de la comisión de Reforma Agraria, dijo que la situación ya no se puede sostener por mucho más tiempo y pidió acelerar la solución. El mismo consideró a la familia Laterza como legítimos propietarios, pero pidió no utilizar la disputa judicial como una excusa para dilatar la solución al conflicto, ya que los pobladores requieren de asistencia del Estado para asentarse y poder desarrollarse.