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CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). Se trata de una ampliación de denuncia que realizó el abogado Nicolás Russo en representación de un grupo de funcionarios de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP). Está identificada como causa 12027/16. El expediente se encuentra en la unidad de la fiscala de Ciudad del Este Claide Acosta.
En principio, la denuncia fue presentada contra la intendenta de CDE Sandra McLeod de Zacarías (ANR), y contra los concejales del periodo 2010-2015. Ellos son: los colorados Nery Jara, Gustavo Ruiz Díaz, Celso Morel, Juan Ángel Núñez, Aida Molinas, Isaías Álvarez y Alberto Rodríguez.
La jefa comunal y los ediles son acusados de usurpación de funciones públicas y otros hechos por emitir la ordenanza 002/2015. Mediante esa normativa se declara al predio de 11 hectáreas de Puertos ubicado en la zona primaria del Puente de la Amistad como área para la instalación de un hotel casino de cadena internacional.
En la ampliación de la denuncia se le incluye al presidente de la República, Horacio Cartes; al ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite; al presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Javier Balbuena; y al titular de la ANNP, Héctor Duarte. Asimismo, a los miembros del directorio de Puertos, Julio Taboada, Miguel Marín Bestard y Antonio Quiñónez, y contra el empresario venezolano israelí Simón Falic, quien pretende construir en el predio de 11 hectáreas un hotel casino de la franquicia Hard Rock.
Los hechos punibles denunciados son contra la prueba documental, lesión de confianza, tentativa de apropiación de inmueble del Estado paraguayo, tentativa de estafa contra la ANNP, omisión de dar aviso de un hecho punible y asociación criminal.
Argumentación
Russo afirma en la ampliación de su denuncia que los decretos 6131/2016 y 6865/2017, firmados por el presidente Horacio Cartes, “han violado groseramente la Ley 1066/65 de Puertos, que en su artículo 19 prohíbe categóricamente las operaciones comerciales, industriales o financieras extrañas a su objeto”.
El Decreto 6131/2016 autorizó la conformación de una comisión interinstitucional para impulsar la construcción de un hotel casino en la zona primaria del Puente de la Amistad dentro del predio de Puertos. El Decreto 6865/2017 autoriza el llamado a licitación para el emprendimiento.
Igualmente, Russo afirma que el directorio y la presidencia de la ANNP “nunca jamás autorizaron ninguna concesión o utilización del terreno de once hectáreas de Puertos en Ciudad del Este” para la construcción de un hotel casino. Asevera que por resolución 55/16, el 1 de marzo del 2016, el directorio de la ANNP decidió autorizar al Poder Ejecutivo a gestionar el diseño y ejecución de un proyecto en esta región, pero “no dice si el proyecto es para construir un muelle, fabricar un barco o construir un edificio”.
A su vez, la resolución 55/16 está basada en la “fraudulenta” ordenanza municipal 002/2015. Russo asevera que a los miembros del directorio de la ANNP no se les pudo pasar desapercibido que las autoridades esteñas estaban usurpando las funciones públicas que les correspondía a los portuarios.
El abogado dice que con los decretos, “que tienen como origen la fraudulenta ordenanza 002/2015”, se consolida la producción de documentos de contenido ideológico falso, lo cual involucra al Presidente de la República y “habilita al Ministerio Público a imputarlo y a pedir el juicio político del mismo al Parlamento Nacional por mal desempeño de sus funciones y por el acto delictual que ha perpetrado contra el patrimonio”.
Considera, finalmente, que los miembros del directorio de la ANNP son responsables directos de estos hechos por no avisar a la Fiscalía lo que estaba ocurriendo y luego avalaron con resoluciones la usurpación de funciones y la violación de la Ley 1066/65.
Muestran desinterés
El abogado Nicolás Russo también solicitó en diciembre de 2016 que la Contraloría General de la República (CGR) intervenga en el plan de negociado con las 11 hectáreas de la ANNP. El titular del ente, Enrique García, no accionó hasta el momento. Por otro lado, la organización Estudiantes en Defensa del Patrimonio (Edelpa) envió una nota al ministro de Cultura, Fernando Griffith, quien tampoco mostró interés.