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Los procesados son los concejales Pedro Bogado Rojas, Vidal Vega Gonzaga, Jorgelina Vera González, Osmar Fidel Benítez Fernández, Darío Sainger López y Arnaldo Andrés Carmona Fernández.
De acuerdo con lo señalado por el fiscal de la causa, la imputación deriva de una denuncia formulada por el Tribunal Electoral de Encarnación a causa del incumplimiento de una orden emitida por ese órgano judicial.
La resolución del citado organismo electoral ordenaba a los concejales a reincorporar a la edila López, bajo apercibimiento de incurrir en desacato a una orden judicial si no lo hiciere.
Los concejales se exponen a una expectativa de pena de tres años de prisión. La imputación fue realizada en el mes de marzo último ante el juzgado penal de garantías de María Auxiliadora, a cargo del juez Hugo Centurión.
La fiscalía solicitó también medidas alternativas a la prisión mientras dure el proceso penal, atendiendo la condición de arraigo de los ediles procesados.
Cumplió condena
Los antecedentes del caso se remontan a una condena a dos años con suspensión de la pena que fue impuesta a la concejala Lourdes López, por un hecho punible originado en el periodo de gobierno municipal anterior, en el que ocupó el cargo de intendenta.
López, elegida concejal por el periodo 2015-2020, fue suspendida por la Junta Municipal tras sobrevenir su condena, y esperó se cumpla el periodo de dos años para solicitar su reincorporación al cuerpo colegiado.
La imputación deviene como consecuencia del incumplimiento de la resolución del Tribunal Electoral que disponía la reincorporación de la concejal municipal (titular) Lourdes Ramona López de Lovera, lo cual debía hacerse sin más trámites en el seno de la Junta Municipal, decía la orden.
En la votación hubo seis ediles en contra de la reincorporación y cinco a favor, con lo cual se impidió que López regresara como miembro de la Junta Municipal. En consecuencia, el Tribunal Electoral remitió los antecedentes a la fiscalía penal, en base a lo que establece la Ley Nº 4711/12, sobre desacato a una orden judicial, y la fiscalía dio trámite al proceso.
Cuatro sesiones posteriores a la denuncia del Tribunal la concejala fue reintegrada, pero el desacato estuvo consumado, porque aquí la parte afectada no es un particular, sino la justicia electoral, explicó el fiscal Castro.
El procedimiento que sigue ahora es que los concejales serán llamados a declaración indagatoria, y el juez de garantías resolverá las medidas a imponer.
Pese a que el delito contempla como expectativa de pena tres años de prisión, siempre existe la posibilidad de recurrir a un procedimiento abreviado y llegar a la suspensión de la condena a prueba, explicó.