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En la sesión de la semana pasada, los miembros del Consejo de la Magistratura ratificaron el mandato para que Salas y Riera impulsen en el Jurado el enjuiciamiento de Paredes, Castiglioni y Núñez. Los consejeros consideran que cometieron graves anomalías en la tramitación de la acción de inconstitucionalidad que presentó la ministra Bareiro, para seguir en la Corte Suprema, pese al cumplimiento del mandato de cinco años.
El diputado Éber Ovelar, miembro del Consejo en representación de la Cámara Baja, había señalado que una de las irregularidades más graves fue la integración de la Sala Constitucional. Se tenía que producir la inhibición de todos los camaristas del fuero civil, para que la sala pudiera ser conformada por Fulvia Núñez, que es del fuero de Niñez.
Incluso, en el caso de Paredes y Castiglioni se dio la anomalía, atendiendo que integraron la sala antes de que se apartase a otros colegas.
Esto evidencia que la confirmación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema se habría digitado.
La violación de disposiciones incluso fue señalada en el dictamen de la Fiscalía General del Estado, que lleva la firma del fiscal adjunto Augusto Salas Coronel.
Pese a todo, los camaristas Paredes, Castiglioni y Núñez, el martes pasaron hicieron lugar a la inconstitucionalidad que promovió la doctora Bareiro, para continuar en la Corte.
Por otro lado, existirían fuertes presiones políticas para que el Jurado no procese a los camaristas.
El órgano juzgador de magistrados, además de Salas y Riera está integrado por los senadores Óscar González Daher (colorado) y Adolfo Ferreiro (Avanza País); los diputados Óscar Tuma (colorado) y Jorge Ávalos Mariño (liberal) y los ministros de la Corte, Raúl Torres
Kirmser y Gladys Bareiro. Esta última tiene la obligación de apartarse en caso de analizarse la situación de los tres camaristas y deberá ser sustituida por su suplente.
Otro situación irregular que tendrá que analizar el Jurado es que Paredes, Castiglioni y Núñez dieron trámite a la acción sin que la doctora Bareiro acredite su condición de ministra. También esta anomalía hizo notar el Ministerio Público, ya que solicitó la interrupción del plazo para contestar la acción, ya que la ley obliga a contar con el documento que no presentó la ministra.