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J. AUGUSTO SALDÍVAR (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). Las afectadas son Perla López (PLRA) y Antonia Ríos (ANR). Ambas llegaron a la Municipalidad para presentar una orden del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de que sean repuestas en sus cargos de presidenta y vicepresidenta, respectivamente, de la Junta Municipal, puestos de los cuales fueron destituidas por sus colegas en marzo último.
“El Tribunal Superior de Justicia Electoral nos otorgó una medida cautelar para asumir de nuevo nuestros cargos, pero grande fue la sorpresa cuando llegamos a la sede de la Junta y encontramos cerrada y con guardia policial por orden del concejal Carlos Núñez (PLRA-llanista) y el comisario nos negó el acceso siendo concejalas”, manifestó López. La edil liberal dijo que el comisario Torres cumplía fielmente las recomendaciones de Núñez y que desacató una orden judicial. Señaló que además el jefe policial bloqueó el acceso a un lugar público y a concejalas que fueron electas por la ciudadanía.
López y Ríos fueron destituidas por la mayoría de los concejales por cuestionar al intendente de J. Augusto Saldívar Daniel Báez (PLRA-llanista) por supuestos hechos de corrupción, como sobrefacturaciones y obras fantasmas. Los ediles le pusieron presidente de la Junta a Núñez y apenas sesionaron, después de muchos incidentes, aprobaron el balance del intendente sin siquiera estudiarlo, denunciaron las concejales.
“El comisario no quiso ver la orden y alegó que no le llegó ningún oficio del tribunal y tenía orden del concejal Núñez de no permitir el ingreso a la sede de la Junta de las dos concejalas, que por derecho propio tenían que ingresar a su lugar de trabajo”, expresó, por su parte Gloria Vera, asesora de las ediles.
El fiscal nunca apareció
Las concejalas Perla López y Antonia Ríos, ante el impedimento para acceder a la sede de la Junta Municipal de J. A. Saldívar, recurrieron al fiscal electoral de la ciudad Nicasio Galeano, también muy cuestionado por ser supuestamente servil al jefe comunal Daniel Báez. El fiscal pese a las promesas de acudir nunca apareció en el lugar del conflicto, dijeron las ediles. Ellas pretendían que el agente haga cumplir la orden de la Justicia Electoral por la que debían reasumir sus cargos en la Junta.