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De alguna forma que hasta ahora se desconoce, el año pasado llegó a oídos de los ejecutivos del consorcio Las Residentas, formado por las constructoras CIV de Isacio Vallejos y M&T de Julio Mendoza, que el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi necesitaba mejorar su sistema de drenaje, y como estaban necesitados de conseguir tierra para relleno del terraplén del tramo II de la autopista Ñu Guasu, del que son contratistas, hicieron un planteamiento para excavar enormes fosos hacia la cabecera norte de la pista de aterrizaje con la excusa de desviar el arroyo Itay.
La nota respectiva, firmada por el Arq. Julio Mendoza, tiene fecha del 28 de noviembre de 2012. Lo extraño es que la propuesta ya estuvo aceptada para el 5 de diciembre, es decir apenas siete días después, por medio de la Resolución N° 1187/12 de la Dinac, pese incluso a que el desvío del citado curso de agua no es la prioridad recomendada por estudios especializados previos para el drenaje del aeropuerto, ya que el problema real no son las aguas del arroyo sino las aguas de lluvia, y la mayor dificultad no está localizada al norte ni al oeste sino al este y al sur, es decir totalmente al otro lado de donde se hicieron las actuales excavaciones.
El 10 de diciembre, la Dinac recurrió a la Secretaría del Ambiente (Seam) para iniciar gestiones y conseguir autorización para modificar el suelo aeroportuario. Este es un trámite que puede llevar habitualmente unos seis meses, pero la Dinac pidió eximición del estudio de impacto ambiental alegando razones de índole “militar” (defensa nacional) y el 29 de enero pasado ya tenía el visto bueno del ministro del Ambiente, Heriberto Osnaghi. Vecinos del aeropuerto dijeron que los trabajos de excavación habrían empezado inclusive antes de esa fecha.
En su propuesta, en ningún momento el Arq. Mendoza mencionó que la tierra extraída iba a ser usada a 2.000 m de ahí como relleno de la nueva autopista, limitándose a una descripción no comprometedora: “En compensación a los trabajos de canalización, el consorcio Las Residentas retirará el material de la excavación fuera del predio del aeropuerto...”.
El referido consorcio ha presupuestado al Estado, en este caso al MOPC, casi 4.400 millones de guaraníes (más de un millón de dólares) por el terraplén, para el cual ha extraído tierra de un predio estatal. Además, está en tela de juicio la eximición del estudio ambiental.
Fiscalía tomó intervención
En el caso de las excavaciones en el aeropuerto ha intervenido el fiscal del ambiente Carlos Rojas, quien el lunes pasado tomó declaración testifical al titular de la Dinac, Carlos José Fugarazzo, ante la posible existencia de delito ambiental. La versión de Fugarazzo ya ha sido publicada en varias ocasiones, mientras que no ha sido posible conseguir la del Arq. Julio Mendoza, por no responder a nuestras llamadas telefónicas.
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