El proyecto de ley establece que el monto total de las garantías otorgadas con respecto a sus recursos será fijado por el administrador, con relación a la regulación prudencial que establezca la Superintendencia de Bancos (SIB). Además, el plazo máximo de cada garantía no podrá ser superior a 10 años, incluyendo eventuales renovaciones, sin perjuicio del plazo total de la operación, la que puede ser mayor.

La nueva ley permitirá conceder garantías y/o reafianzar créditos, operaciones de arrendamiento (leasing) y otros mecanismos de financiamiento que otorguen las instituciones financieras públicas, privadas o mixtas, las cooperativas supervisadas y reguladas por el Incoop y otras autorizadas por el Banco Central del Paraguay (BCP).

También permitirá contratar mecanismos de reafianzamiento de seguro o de reaseguro respecto a garantías otorgadas o por otorgar. Define el reafianzamiento como la cobertura de una garantía con respecto de otra garantía, cualquiera sea su modalidad o estructuración financiera. Además, determina su administrador, quien ejercerá su representación legal. Este dictará manuales operativos para definir los límites y condiciones de operación. Los recursos del fondo serán independientes y separados del patrimonio de su administrador, y el fondo no podrá endeudarse, salvo autorización del Ministerio de Hacienda, ni podrá contratar personal.

El Fondo podrá administrar otros recursos distintos de los propios para otorgar garantías y/o reafianzamientos para sectores específicos. Estos recursos deben estar separados de los propios y de los del administrador.

Tendrán acceso a garantías del fondo mipymes unipersonales o sociedades de cualquier naturaleza que desarrollen actividades agropecuarias, forestales, industriales, artesanales, agroindustriales, comerciales y de servicio, para capital de trabajo o inversión.

Los senadores necesitarán 23 votos para ratificar la versión sin modificaciones aprobada en Cámara Alta el 15 de octubre del año pasado.