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Los datos sobre el caso indican que de la expropiación total de 224.000 hectáreas que se decidió hace 22 años, solo 42.945 hectáreas se pudieron destinar a colonias campesinas; 103.018 hectáreas fueron declaradas reserva natural; mientras que 79.096 hectáreas son explotadas irregularmente por no más de 20 ganaderos.
“Ganaderos que tienen sendas ganancias por las cuales no pagan un solo guaraní al Estado”, había dicho en 2015 Carlos Soler, quien llegó a ser gerente de Créditos del Indert, para justificar un proyecto de ley que buscaba “recuperar los US$ 40 millones invertidos por el Estado para la expropiación”. A través de ese proyecto, que finalmente no tuvo la aprobación del Congreso, pretendían cobrar US$ 1000 por hectárea a los ocupantes irregulares y, en esa ocasión, Soler había recalcado que el caso Antebi se trataba de un “elefante blanco”.
El año pasado, legisladores sostuvieron que tanto la Contraloría como la Fiscalía deberían investigar el expediente del Indert sobre el caso Antebi Cue.
“Desde un principio todo fue parte de un gran acuerdo político para delinquir: (el inmueble) no debía haber sido expropiado en su momento porque no sirve para la mentada reforma agraria; por lo tanto, no debería existir ningún pago solo para beneficiar a unos pocos privilegiados. Recordemos que se descubrió que aduaneros e hijos de políticos tienen allí tierras que utilizan para granjas. Al no servir para la reforma agraria, los campesinos vendían sus tierras, igualmente mal adjudicadas, al mejor postor, o sea, se compró solo para que se utilice como inmobiliaria”, afirmó el entonces senador Arnaldo Giuzzio, hoy titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
Según los datos, el Indert pagó en el 2015 la suma de G. 13.500 millones a Cipasa, en concepto de “intereses”. La semana pasada, el actual titular del ente rural autorizó la liberación de G. 22.000 millones bajo la misma excusa.
Más de dos décadas después, el Estado sigue siendo desangrado.