Hijas de víctima de la dictadura, con críticas

Familiares de víctimas de la dictadura critican al defensor Manuel Páez Monges, por rechazar un pedido de indemnización. Dijeron que su padre fue torturado y obligado a picar piedras del cerro Tacumbú, engrillado. También le despojaron de 7 hectáreas de tierras en Capiatá.

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Las hermanas Josefina Acosta de Olguín y María Marta Acosta, hijas de Cipriano Acosta, en visita a la redacción de este diario, expusieron su queja respecto al rechazo que sufrieron de la Defensoría del Pueblo de un pedido de indemnización como familiares de víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner.

Relataron que en 1962 su padre, Cipriano Acosta, fue despojado de un inmueble de 7 hectáreas, titulado a su nombre, en el kilómetro 23, Ruta I, Capiatá, por uno de los hombres fuertes de la dictadura stronista, Gral. Ramón Duarte Vera. Señalaron que el predio fue usado por el stronista como pista de aterrizaje de aviones que operaban de contrabando cigarrillos y whisky.

Señalaron que una de las hermanas incluso fue violada por policías uniformados al servicio de Duarte Vera. Como consecuencia de ese hecho fue a Buenos Aires, Argentina, y nunca más quiso volver al Paraguay.

Josefina y María Marta dijeron que eran 13 hijos de don Cipriano y en la actualidad viven 7. El objetivo es recuperar las tierras. Indicaron que una inmobiliaria loteó el lugar, pero no puede entregar el título a los ocupantes porque están tituladas a nombre de don Cipriano, ya fallecido.

Comentaron el calvario que pasó don Cipriano durante mucho tiempo. Fue torturado, perseguido y apresado, engrillado le obligaban a romper piedras del cerro Tacumbú.

Señalaron que hace cuatro años iniciaron en la Defensoría las gestiones para el cobro de indemnización del Estado, pero recientemente se rechazó el pedido. Argumentaron que la solicitud de indemnización es porque los hijos de don Cipriano, durante el calvario del mismo, no pudieron continuar estudiando y recibir una mejor formación para y mejorar su condición de vida. En la actualidad requieren atención a su salud y dar a sus hijos la oportunidad de estudiar que ellos no tuvieron.

Lamentaron el argumento “ridículo” de la Defensoría y la Procuraduría al rechazar el pedido de indemnización, porque los testigos eran menores cuando ocurrieron los hechos.

Llamamos al defensor, pero en la Defensoría dijeron que no se encontraba.

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