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Señala que el sistema judicial, que debiera otorgar garantía y protección a la ciudadanía, ha perdido credibilidad, desde que muchos fiscales, jueces y camaristas han demostrado incapacidad, han sido sorprendidos en actos de corrupción, incurrieron en mal desempeño o se han mostrado genuflexos y sometidos a influencias políticas.
En las fuerzas policiales se siguen dando casos de malos tratos y torturas a los detenidos comunes como método de investigación policial, incluso en menores detenidos. También en las FF.AA. se han denunciado a varios jefes y oficiales que incurrieron en delitos de torturas y tratos crueles a cadetes y civiles, apunta.
La corrupción ha inficionado a la institución policial y muchos de sus integrantes se vieron involucrados en reiterados hechos delictuosos y dando protección a organizaciones de narcotraficantes, dice.
Indicó que hay un evidente y grave déficit en materia de seguridad, pues los organismos del Estado no han sabido o no han podido, corroídos por la incapacidad y la corrupción, estructurar un plan nacional que brinde garantías a la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos.