Hay fuerte presión política para “blanquear” a diputado Núñez

Para mañana está prevista la audiencia preliminar para el diputado colorado Óscar Núñez, acusado, entre otros, por una millonaria “tragada” en la Gobernación de Presidente Hayes. Se habla de una fuerte injerencia de algunos legisladores de la ANR sobre el juez Blas Cabriza, quien decidirá si el legislador afrontará o no juicio oral. Maniobran para trabar la diligencia.

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El magistrado Cabriza previó la realización de la diligencia mañana, pasado y el miércoles, atendiendo que, además de Núñez, están varios otros acusados por el fiscal Martín Cabrera.

Óscar Núñez es hermano del actual intendente de Villa Hayes, Ricardo Núñez, y del asesor político del presidente Horacio Cartes, Basilio “Bachi” Núñez. Además, contaría con el apoyo del presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, y otros legisladores.

También fueron acusados por el Ministerio Público Félix Humberto Argüello, Olivia Natalie Cattebeke y Juan Bogado González, entre otros.

La acusación refiere que existen pruebas, una gran cantidad de cheques utilizados para las “tragadas” así como declaraciones de 20 testigos que afirmaron tener conocimiento de los hechos perpetrados en la Gobernación del departamento de Presidente Hayes, cuando su titular era Óscar Núñez.

La audiencia preliminar de los acusados se realizará en el salón auditorio de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), sede Villa Hayes.

Núñez fue imputado porque durante su gestión como gobernador supuestamente “comió”, con otras personas, mil millones de guaraníes de fondos destinados a ayudas sociales.

Los fondos “tragados” habían sido programados para asistir a comunidades indígenas que no recibieron nada y que siguen en la miseria más absoluta, de acuerdo a la denuncia que forma parte del expediente judicial.

Según la acusación del Ministerio Público, Óscar Núñez Giménez y los demás procesados son responsables de hechos punibles de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, y lavado de dinero.

La fiscalía habla de un perjuicio cercano a los G. 1.000 millones. Luego, la imputación fue ampliada contra Núñez y otros, ya que existen evidencias de otra “tragada” por G. 30.000 millones. Es decir, que desviaron de la Gobernación de Hayes más de US$ 6 millones al cambio actual.

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