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La denuncia fue realizada ayer por los guardias despedidos de SST, Enmanuel Arguello, Carmen Ortega y Lucio Bogado, además del secretario de conflicto del Sindicato de Trabajadores de Seguridad del Paraguay (Sintasep), Feliciano Rivarola, y el secretario de actas del gremio, Joel Escobar.
El contrato 317/2017, entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y SST - Security Service Technology, de Óscar Chamorro Lafarja, es para la provisión del servicio de seguridad y vigilancia. El acuerdo era por G. 84.185.772.192, pero en abril de este año se amplió por otros G. 9.353.794.688.
Este acuerdo obligaba a SST a pagar G. 3.061.685 por 12 horas de trabajo diurno; y G. 3.827.106 por 12 horas diurnas y nocturnas. Sin embargo, los custodios percibían apenas poco más de G. 2.000.000, según la denuncia.
Los exempleados afirman que la empresa nunca les dio la liquidación de sueldos ni ningún recibo, y solamente tenían como comprobante el ticket del cajero automático, lo cual viola el artículo 235 del Código Laboral. Aseveran que no tenían vacaciones y que debían “negociar” los días libres.
Según los guardias, SST les descontaba dinero por los uniformes, cintos, botas, quepis, chalecos reflectores y hasta las linternas que debían emplear para trabajar, como así también por el uso de los celulares corporativos.
Security Service Technology también tiene un contrato con Copaco por G. 32.255.221.024. El acuerdo establece que la empresa debe proveer al menos dos conjuntos completos de uniformes y celulares a los guardias siendo el costo absorbido por la firma. Igualmente demanda el uso de dispositivos electrónicos de control de ronda y hasta un botón de pánico. Según la denuncia, nada de esto cumplió nunca SST.
Los contratos exigen que el personal de SST sea capacitado y autorizado por Delitos Económicos de la Policía. Los guardias aseguran que por los cursos se les descontó unos G. 900.000, además de otros G. 200.000 por el carnet de la Policía, que muchos no recibieron. “Nos descontaban hasta por respirar”, señaló Joel Escobar, despedido de la empresa Watchman, también de Chamorro y proveedora del Estado.
“Ojalá que nos den una solución el viceministro de Trabajo y las autoridades correspondientes”, dijo Lucio Bogado. “Hay muchas autoridades metidas también en esto que se callan”, agregó.