Grosera chicaneada de los imputados por compra irregular de helicópteros

Los imputados por el perjuicio de G. 50.000 millones al Estado, mediante la compra irregular de cuatro helicópteros para la Policía, presentan todo tipo de chicanas para evitar la audiencia de imposición de medidas. Entre ellos está el exministro del Interior Rafael Filizzola, quien pretende incluso que el juez Hugo Sosa Pasmor ya lo desvincule de la causa. Existen suficientes indicios que hacen presumir que todo se trató de un feroz negociado, que implica a ex altos funcionarios y a los representantes de la firma Proibérica, que proveyó las máquinas por US$ 10 millones.

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La imputación de los fiscales Victoria Acuña y Martín Cabrera es del 21 mayo pasado. Sin embargo, hasta ahora el juez Sosa Pasmor no puede realizar la audiencia de imposición de medidas, debido a que los encausados recurren a todo tipo de chicanas.

Los procesados repusieron la providencia mediante la cual el magistrado los convocó para la audiencia en la que se tenía que resolver la imposición de medidas alternativas a la prisión para cada uno de ellos.

Después, Sosa hizo lugar a la reposición planteada, pero los implicados volvieron a cuestionar su decisión e incluso pidieron que el expediente sea elevado a la Cámara de Apelaciones. Es decir, que estarían abusando incluso de los recursos que les da la ley para defenderse.

Rafael Filizzola presentó un escrito en el cual pide la nulidad de la imputación del Ministerio Público e incluso exige que ya sea desvinculado del caso, que recién empieza. El exministro del Interior afirma que la imputación de fiscales carece de argumento.

Sin embargo, los agentes del Ministerio Público detallaron paso a paso los elementos que le hacen presumir que todo se habría tratado de un gran negociado en perjuicio del Estado paraguayo.

Acuña y Cabrera explicaron que el 13 de octubre de 2010, por resolución número 436 se aprobó la licitación pública para la adquisición de helicóptero táctico de transporte policial. Se aprobó el pliego de bases y condiciones y se conformó un comité de evaluación integrado por Andrea Adle, directora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Aníbal Muñoz, director general de administración y finanzas; abogado Ricardo Lugo, director jurídico; Juan Diego Fernández, director Financiero; Víctor Flor, director de equipamiento de la Policía Nacional; comisario Tiburcio Martínez, director administrativo de la Policía.

El Comité dictaminó que Proibérica SA cumplió con todos los requerimientos en el pliego. Sin embargo, según la imputación de la Fiscalía, la empresa no cumplió con requisitos formales como la presentación del certificado expedido por el fabricante de ser representante, importador, distribuidor oficial en Paraguay (de insumos, repuestos y partes).

Luego, se firmó un contrato de compra de helicópteros marca Bellnorthwest Rotoracraff, procedente de los Estados Unidos, por un valor de G. 47.890.000.000.

El 2 de diciembre de 2010, durante la administración de Rafael Filizzola, se pagó a la firma Proibérica SA G. 20.713.243.257.

La imputación sigue explicando que el 12 de octubre de 2011, ya durante la administración de Carlos Filizzola, se pagaron G. 20.382.567.558, con lo que se canceló la operación.

Posteriormente y pese a que en el contrato se establecían las garantías para funcionamiento y operación de los helicópteros, y para el suministro de las partes, refacciones, transferencias de tecnologías y capacitación, se dispuso el llamado a contratación vía excepción para mantenimiento y reparación de los helicópteros. Esto originó un nuevo pago de G. 1.780.000.000.

“La adjudicación en las condiciones descriptas permitió que la empresa adjudicataria provea al Estado paraguayo helicópteros que no estaban en condiciones de ser utilizados en un período de tiempo razonable”, afirma la imputación.

Como consecuencia del mal estado de las aeronaves adquiridas, se necesitó realizar reparaciones de mantenimiento y cambios de repuestos.

“En lugar de ejecutar la garantía establecida en la cláusula 67/2010, los imputados llamaron a una contratación por la vía de excepción para la adjudicación de los servicios de mantenimiento y provisión de repuestos para las aeronaves adquiridas”, dice el escrito.

Están igualmente imputados la exdirectora de la Unidad Operativa de Contrataciones, Andrea Adle; director general de Administración y Finanzas, Aníbal Muñoz; exdirector jurídico, Ricardo Lugo; exdirector financiero, Juan Diego Fernández; director de Equipamiento de la Policía Nacional, Víctor Flor; director administrativo, Crio. Gral. Insp. Tiburcio Martínez.

Asimismo, el proceso incluye a Guillermo José Casado y Álvaro Lasso, representantes de la cuestionada empresa proveedora Proibérica.

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