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El juez Humberto Otazú dejó sin efecto el arresto domiciliario decretado el 11 de mayo pasado contra Granada, previa imposición de una fianza de G. 500 millones (cubierta con un inmueble ubicado en Benjamín Aceval, de propiedad de Cíbar Granada Ocampos), a la par de las demás medidas dictadas anteriormente.
“Mi defendido se ha sometido voluntariamente al procedimiento, ha colaborado y sigue colaborando activamente con el Ministerio Público, facilitando documentación e información que le es requerida por el órgano de investigación. En ese sentido se destaca que el Sr. Adolfo Granada ha designado a la contadora de su empresa, la Lic. Diana Escobar, para tareas de clasificación de toda la documentación que fuera incautada por la fiscalía al momento del allanamiento realizado a la firma Desarrollos y Pasturas SA”, resaltó el abogado defensor Rodolfo Gubetich.
El letrado destacó ademá que su cliente ha colaborado con la Secretaría Nacional de Bienes Comisados (Senabico), institución que asumió la administración de Chai SA.
A su vez, el fiscal René Fernández se opuso a la libertad de Granada, por considerar que no han variado las condiciones que motivaron la imposición del arresto domiciliario, pues las circunstancias referidas por la defensa han sido consideradas en aquella ocasión.
Sin embargo, Otazú consideró que no existe peligro de fuga ni de obstrucción a la investigación, motivo por el cual dispuso la libertad de Granada, a quien prohibió salir del país.