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El cuestionado comandante de las Fuerzas Militares (FF.MM.), Luis Gonzaga Garcete, ahora aparece imponiendo exigencias no establecidas en la Ley 5282 de Libre Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, para responder las solicitudes de provisión de datos.
El jefe militar continúa poniendo trabas y contradice la política de transparencia que tanto presume su jefe inmediato, el comandante de las Fuerzas Armadas Horacio Cartes. Después de haberse negado a suministrar información pública a dos periodistas de nuestro diario al alegar “secreto y reserva”, surgen dos pedidos ciudadanos a los que el militar pone trabas.
Desfigurando la Ley 5282, Gonzaga Garcete supedita el pedido de informe sobre uso de combustibles de la señora Nelly Cortessi, al reclamar a la misma que precise la personería jurídica de la coordinadora que preside. Como lo hizo con nuestro diario, a cinco días de cumplirse el plazo de entrega de los datos solicitados por la ciudadana, el jefe castrense dispuso esa orden.
Por su parte, la abogada Laura Vera Francou pidió informe sobre registros y publicación de las leyes militares. Para “evacuar la solicitud formulada”, Gonzaga Garcete dispuso que la profesional identifique a la persona a quien defiende y la causa judicial en la que interviene.
La imposición del jefe militar se notificó a los 15 días de que la abogada haya presentado su petición de informe. “Se cumplió el plazo y ahí me indicaron individualizar la causa, no corresponde”, aseveró Vera.
Agregó que Gonzaga Garcete se desentiende de sus responsabilidades al disponer que los solicitantes se dirijan al director de Comunicaciones, coronel Jorge Mieres, cuando “él es el responsable de la institución”, subrayó.
“Totalmente irregular, es una violación de los Derechos Humanos”, expresó Ezequiel Santagada, director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) y representante del GIAI (Grupo Impulsor del Acceso a la Información Pública).
“Lo único que requiere la ley para que uno reciba información es que sea un ser humano. Pone su nombre y apellido, una dirección y se le da la información, como se estipula en el artículo 4°”, explicó el profesional.
“Por más de que se presente en representación de una ONG o alguna empresa, lo que se exige es solo nombres y apellidos”, insistió Santagada. “Jamás se puede negar el derecho a la información porque no se explica el motivo, si quiero lo digo que soy abogado de quién, no puede ser un impedimento”, enfatizó sobre el segundo caso mencionado.
En el pedido de información sobre gastos de combustible de nuestro diario, el citado jefe militar también se valió de excusas. A días de cumplirse el plazo para proveer lo solicitado, notificó que no se especificó “en qué soporte” se requirió el informe. Sobre el punto, Santagada había señalado que claramente la ley estipula que se remitirá en formato magnético si no se detalla el formato.
Tardó un mes para responder que negaba el informe por una razón “secreta y reservada” que tiene que ver con la Defensa Nacional. Con los dos casos nuevos, Gonzaga Garcete tiene tres solicitudes trabadas en dos meses por custodiar datos “sensibles” de FF.MM.