Sergio Godoy, asesor jurídico de la Presidencia de la República, confirmó ayer en Palacio de Gobierno que se están ultimando los detalles para enfrentar la demanda de la aseguradora italiana SACE en los Estados Unidos.
A inicios del mes pasado el Gobierno fue notificado de que la aseguradora presentó en la Corte distrital de Columbia, en Washington DC, una demanda contra nuestro país por unos 80 millones de dólares para el reconocimiento y la ejecución de dos fallos de la justicia suiza contra el Paraguay en el caso Gramont Berres.
Hace dos semanas, Godoy y el procurador Roberto Moreno viajaron a los EE.UU. para interiorizarse del caso y explorar la contratación de un estudio jurídico que represente al país. De acuerdo con la legislación norteamericana, para litigar en los tribunales del país los abogados deben estar matriculados en los EE.UU.
Godoy explicó que junto con el Procurador decidieron presentar al presidente de la República, Horacio Cartes, los estudios jurídicos Arnold & Porter, Williams & Connoly y Wilmerhale como posibles representantes del país en el juicio.
En los próximos días, Godoy, Moreno y el ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, los tres designados por el Gobierno para atender el proceso, se reunirán con el Jefe de Estado para determinar cuál de los tres bufetes es el elegido.
Godoy explicó que la decisión debe tomarse lo antes posible para que los abogados puedan empezar a analizar la demanda y estudiar posibles alternativas de defensa.
La SACE, que emitió la póliza de seguro del préstamo otorgado en 1986 por el banco Overland Trust de Ginebra (Suiza) a Gramont Berres, pide la ejecución de los fallos de la justicia suiza luego de haber negociado y pagado 24.900.000 euros a los 10 bancos suizos que en principio habían demandado al Paraguay por el crédito.
Gramont Berres confesó ante la justicia Suiza que cobró por la gestión de los préstamos US$ 4 millones y que el dinero fue repartido en Paraguay entre los amigos del dictador Alfredo Stroessner. Gramont falsificó burdamente documentos oficiales para conseguir el crédito y comprometer al Estado paraguayo. El Parlamento nunca aprobó el empréstito, por tanto no tiene validez.
La Overland Trust vendió el título de la deuda a 10 bancos suizos que iniciaron el reclamo judicial en Suiza en 1995.
A nivel diplomático
La embajadora de Italia, Antonella Cavallari, había señalado luego de una reunión con el canciller Loizaga hace unas semanas que SACE es de capital privado italiano, sin participación estatal. Había abogado además por el diálogo como forma de buscar una solución al conflicto. “No es justo que dos países continúen pagando el precio de una estafa”, señaló en esa oportunidad la diplomática italiana, tras visitar al canciller nacional Eladio Loizaga para conversar específicamente sobre el caso de la firma Sezione Speciale per L’Assicurazione del Credito All’Esportazione (SACE). La diplomática dijo que SACE “ya no es más una sociedad dependiente del Estado italiano, debe rendir cuentas a sus accionistas”.
